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EL DIARIO digital
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El Tribunal Oral Federal N° 5 encabezó este lunes una nueva audiencia en el marco del juicio oral y público por las causas unificadas Hotesur y Los Sauces, proceso que tiene como principales imputados a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a su hijo Máximo Kirchner y a los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa.
Durante la jornada, el fiscal Diego Velasco avanzó en la lectura del requerimiento de acusación, donde sostuvo la existencia de una "compleja maniobra delictiva" desplegada durante más de doce años. Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, la familia expresidencial montó una matriz de corrupción orientada al enriquecimiento ilícito a través del direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz y la concesión de beneficios impositivos y licencias estatales a los conglomerados empresariales afines.
Un directorio familiar y empresas "pantalla"
De acuerdo al expediente expuesto ante los jueces, la firma inmobiliaria Los Sauces —constituida en 2006— funcionó como un mecanismo de fachada para legalizar el ingreso de fondos. La acusación reveló que el 88% de la facturación total de la sociedad provenía directamente del Grupo Indalo (65%) y del Grupo Báez (23%), acumulando más de 25,9 millones de pesos en concepto de alquileres de inmuebles y hoteles pagados a valores superiores a los de mercado.
La Fiscalía remarcó que para asegurar el control de la operatoria se conformó un "directorio espejado" compuesto por el entorno íntimo familiar. En ese esquema, se le atribuye a Máximo Kirchner haber ejercido la presidencia de la firma e intervenir en la venta de propiedades a Austral Construcciones, mientras que la exmandataria y su difunto esposo ocuparon roles directivos hasta que las denuncias judiciales obligaron a modificar los integrantes del órgano administrativo.
Asimismo, el fiscal subrayó las severas irregularidades operativas de Los Sauces, señalando que la firma no poseía sede social real ni infraestructura comercial. En los registros apenas figuraban dos empleados: Florencia Kirchner y el jardinero particular de la residencia de Cristina Kirchner en Santa Cruz.
Inmuebles, prisión domiciliaria y la agenda del tribunal
La acusación detalló además que parte de los fondos sirvieron para adquirir propiedades de uso personal para la familia. Entre los bienes citados figura el departamento del complejo de la calle San José al 1100, en la Ciudad de Buenos Aires, adquirido en 2015 mediante Certificados de Depósito para la Inversión (CEDINES), inmueble donde actualmente la expresidenta cumple prisión domiciliaria tras su condena a seis
