Más cambios en el gobierno: Caputo suma un economista uruguayo al equipo económico
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EL DIARIO digital
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La crisis sanitaria en las Fuerzas Armadas y de Seguridad ha escalado a niveles críticos. A pesar de la disolución de la IOSFA y la promesa de una nueva estructura (OSFA), los uniformados denuncian que la atención médica ha desaparecido en gran parte del territorio nacional. La situación, que ya afecta a unos 20.000 afiliados solo en Mar del Plata, amenaza con una ola de judicialización masiva.
Desde ciudades como Trelew, Bahía Blanca y diversas provincias del norte, los militares reportan cobertura cero. "Cualquier consulta o cirugía mayor hay que pagarla del bolsillo", señalan los damnificados. En Mar del Plata, la deuda con el Hospital Privado de la Comunidad sigue sin cancelarse, dejando a las familias de los uniformados en un estado de vulnerabilidad total.
A la crisis prestacional se le suma una feroz interna de mandos. Desde la Fuerza Aérea acusan al actual ministro de Defensa, el general Carlos Presti, de "teñir de verde" la cartera al colocar exclusivamente a hombres del Ejército en puestos clave de la nueva obra social.
Fuentes de la aeronáutica sostienen que existe una priorización discrecional de pagos: "Con la poca plata que aparece, se favorece a la Capital y al AMBA, donde el Ejército tiene mayor peso, dejando al resto de las fuerzas en el abandono absoluto".
El agujero negro financiero
El trasfondo del conflicto arrastra la herencia de la gestión de Luis Petri. Se investiga el destino de un préstamo de $40.000 millones del IAF que, originalmente destinado a equipamiento médico, habría sido desviado para cubrir un déficit operativo que hoy alcanza los $210.000 millones.
Este desfalco fue el epicentro del reciente y duro cruce entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y el ministro Petri. Villarruel calificó la gestión anterior de la obra social como un "desastre" y apuntó contra el círculo de funcionarios mendocinos que habrían usado los recursos de los afiliados para financiar campañas políticas.
En medio del vaciamiento, aparecen nombres bajo la lupa judicial, como el del empresario Fernando Riccomi, señalado por presuntos vínculos recaudatorios. Mientras la justicia intenta determinar si hubo un desvío sistemático de fondos hacia el sector privado o inmobiliario, los militares en los confines del país siguen sin una guardia médica que los reciba.
