Hay casi 22.000 empresas menos durante el gobierno de Milei
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EL DIARIO digital
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Con la media sanción en el Senado de la Nación de la reforma laboral, el Gobierno nacional ultima los detalles de la estrategia que desplegará para blindar la norma impulsada por el presidente Javier Milei ante los potenciales embates judiciales que descuentan que ocurrirán. Según confirmó una fuente inobjetable involucrada en el diseño de la misma, vaticinan que el caso terminará de definirse en la instancia de la Corte Suprema.
De conquistarse la aprobación completa durante las sesiones extraordinarias y la posterior promulgación por parte del Poder Ejecutivo, en Casa Rosada anticipan que se abrirá una instancia de presentaciones judiciales que, detectan, nacerán de la propia Justicia y de los gremios.
El equipo de defensa
Para hacer frente al accionar judicial, un equipo de legales diseña desde hace meses la estrategia definitiva, que mantienen bajo llave, que utilizarán. En la tarea coordinan la Secretaría de Legal y Técnica, que lidera María Ibarzabal; la Procuración del Tesoro Nacional, que lleva al frente a Santiago Castro Videla; y el Ministerio de Justicia, en cabeza del secretario Sebastián Amerio. Todos del riñón del asesor presidencial, Santiago Caputo.
"Estamos trabajando en prevenir la judicialización que sabemos que va a ocurrir. Descontamos que termina en la Corte, afortunadamente solo hay un laboralista", precisó una voz con acceso al despacho presidencial en alusión al ministro del Máximo Tribunal, el constitucionalista Horacio Rosatti.
Puntos de conflicto
Con el antecedente del amparo judicial presentado por los gremios al capítulo laboral de la Ley de Bases, en el oficialismo descuentan que los puntos que mayor conflicto despertarán en el sindicalismo son la prelación de convenios de empresas, ítem que establece que los acuerdos de empresa de una provincia prevalecerán por sobre uno del ámbito nacional; la limitación de la ultraactividad en los convenios colectivos de trabajo; y la redefinición del cálculo de indemnizaciones.
Asimismo, detectan que el propio Poder Judicial cuestionará la determinación de Nación de transferir la Justicia del Trabajo desde el ámbito nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A través del Decreto 95/2026, el Gobierno le otorgó la potestad al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para firmar acuerdos de traspaso.
El traspaso de los tribunales
El conflicto reside en la disputa por el ejercicio del poder real sobre los tribunales laborales y se originó con la reforma constitucional de 1994, cuando la Ciudad de Buenos Aires adquirió el estatus de autonomía y la facultad de organizar su propio Poder Judicial. Hasta entonces, el funcionamiento de la Justicia del Trabajo estuvo bajo control nacional, con jueces y cámaras de apelaciones designados por el Estado, algo que la Corte Suprema sostuvo que debería ser una determinación temporaria.
"No corresponde que la justicia intervenga porque está en la Constitución, los fallos de la Corte avalan esto y es el deber ser de un sistema federal", argumentó una fuente judicial al tanto. En los últimos años, tras la aprobación en la Legislatura porteña de las leyes que reorganizan la justicia laboral local, la ciudad avanzó con la creación de una Cámara de Apelaciones del Trabajo.
En el ecosistema oficialista denunciaron que la justicia laboral "ha sido cooptada", y aseguran que se dedicó a "atentar" contra las pymes. "Estamos a favor de los derechos laborales, pero en contra de que cinco jueces digan que la ley no les gusta y apliquen la suya propia", arremetió una voz calificada.
Pese a que en la previa de la sesión del Senado, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional solicitó una audiencia con la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich; la vicepresidenta Victoria Villarruel; y representantes de otros bloques, el oficialismo avanzó con su tratamiento en la sesión y obtuvo media sanción a la espera de su aprobación definitiva en Diputados hacia finales de febrero.
En paralelo, en la administración libertaria reafirman la vigencia del proyecto de "modernización", mientras trabajan en los últimos retoques de la hermética estrategia judicial. "Es obvio que van a tratar de pararla, pero no deberían tener éxito. Intentarán discutir todo, con justicia laboral a medida, pero van a perder", sentenció uno de los involucrados.
