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Audios: Stornelli investigará la denuncia, pero advirtió que no se pueden allanar periodistas

El fiscal federal reclamó abrir una investigación por una supuesta operación ilegal de inteligencia, pero aclaró que no se podrá avanzar sobre los periodistas involucrados sin orden judicial fundada.

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EL DIARIO digital

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El fiscal federal Carlos Stornelli solicitó este martes que se inicie una causa judicial para investigar la denuncia del Gobierno sobre una presunta maniobra de espionaje ilegal, a través de la cual se habrían grabado conversaciones privadas de funcionarios, entre ellas de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Stornelli, no obstante, fue enfático al advertir que la pesquisa "no podrá hurgar en las fuentes de algún periodista, merezca el concepto que merezca por parte de quien lo analice, ello por mandato constitucional". Y remarcó: "Esto incluye la inviolabilidad del domicilio, salvo orden fundada de juez competente".

La aclaración respondió a un planteo del abogado del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto, quien había pedido allanar el canal de streaming Carnaval, donde se difundieron audios atribuidos a Diego Spagnuolo y a la hermana del Presidente, y también los domicilios de los periodistas que participaron de esas transmisiones.

En su dictamen, el fiscal describió que la denuncia señala una maniobra delictiva basada en la captación y obtención ilegal de comunicaciones privadas de Milei, seguidas de su edición, manipulación y difusión clandestina. Según el Gobierno, la difusión se amplificó a través de redes sociales y medios de prensa.

El propósito de esas acciones, de acuerdo al escrito, sería desacreditar la imagen del Ejecutivo, instalar falsas acusaciones, desinformar a la población, influir en los procesos electorales y generar una crisis política con ánimo destituyente.

El texto también sostiene que la supuesta operación se extendería a otros funcionarios espiados ilegalmente, con denuncias de chantajes a partir de grabaciones similares. Para el fiscal, los hechos habrían afectado a altos cargos federales y se habrían producido en ámbitos bajo jurisdicción exclusiva de la Nación, lo que justifica la competencia de la Justicia federal.

Stornelli consideró, además, que la ilegitimidad de los audios difundidos refuerza la hipótesis de una operación clandestina de inteligencia, cuyo alcance deberá determinar la investigación.

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