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EL DIARIO digital
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La Corte Suprema de Justicia de la Nación inició formalmente el proceso de incorporación al Estado de más de 60 millones de dólares y bienes inmuebles que fueron decomisados a Lázaro Báez y su hijo Martín, en el marco de la causa judicial conocida como "la ruta del dinero K".
Esta decisión se concretó a través de un oficio dirigido al juez Néstor Costabel, del Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4), donde se notificó la disposición. El director general de Gestión Interna e Infraestructura de la Corte, Sergio Romero, comunicó que se ha dispuesto el decomiso y la adjudicación definitiva de los fondos que se obtuvieron a través de diversas subastas. Además, se solicitó la inscripción registral de los bienes inmuebles bajo la titularidad del máximo tribunal.
El fallo que habilita la ejecución
Según la sentencia que fue dictada por el TOF 4 en abril de 2021 y que luego fue confirmada por la Cámara de Casación en 2023, los montos totales decomisados alcanzan la cifra de USD 61.130.860,86, a lo que se suman $4.174.697. Esta última cifra está sujeta a ajuste mediante el índice de precios al consumidor (IPC) del INDEC.
El proceso de ejecución se habilitó luego de que el 29 de mayo de 2025, la Corte Suprema declarara inadmisibles los recursos que habían presentado las defensas. La decisión, que contó con los votos de los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti, dejó firmes tanto las condenas como los decomisos, permitiendo así la ejecución efectiva de los bienes.
En el oficio, Romero solicitó específicamente al TOF 4 que se proceda a la transferencia del dinero a dos cuentas bancarias pertenecientes al máximo tribunal. También requirió la remisión de toda la documentación que está relacionada con las subastas que se realizaron dentro del expediente 3017/2013/TO2/14.
Conflicto por la administración de los bienes recuperados
En un desarrollo paralelo a la ejecución de los decomisos, el Poder Ejecutivo había creado mediante un decreto el Consejo de Bienes Recuperados, que funciona bajo la órbita del Ministerio de Justicia, con el objetivo de administrar todos estos activos.
Sin embargo, en octubre pasado, el juez Pablo Cayssials dictó una medida cautelar que frenó la aplicación de ese decreto. El magistrado fundamentó su decisión en que la norma impactaba de forma directa en la estructura del Poder Judicial y consideró que afectaba la independencia judicial.
El fallo de Cayssials sostuvo que el decreto "altera de manera integral el sistema de gestión de bienes de origen ilícito" y, al impactar en la estructura del Poder Judicial, vulnera su autonomía y la autarquía presupuestaria.
