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EL DIARIO digital
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El Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva creó un grupo de trabajo especial para presentar estrategias en un plazo de 180 días contra el discurso de odio y extremismo en la comunicación, en especial en las plataformas digitales y redes sociales, y proponer políticas públicas de derechos humanos.
El grupo de trabajo estará presidido por la exdiputada Manuela D'Avila y entre sus integrantes estará el youtuber e influencer Felipe Neto, quien en los últimos años exigió a las empresas dueñas de las plataformas detener el discurso de odio y de destrucción de reputaciones.
La decisión fue tomada por el ministro de Derechos Humanos y Ciudadanía, Silvio Almeida, y publicada en el Diario Oficial de la Unión.
"Estaré acompañada por activistas, investigadores y estudiosos del tema, gente que tiene mucho para contribuir para que Brasil se convierta en una referencia global de enfrentamiento al odio, extremismo, intolerancia y violencia creadas en estos ambientes", dijo D'Avila, periodista cuyo trabajo de doctorado fue uno de los pioneros contra la manipulación informativa en las redes para modificar percepciones en la opinión pública a partir de mentiras presentadas como noticias verdaderas.
Los cargos no tendrán remuneración y participarán también del grupo el abogado Camilo Onoda Caldas y la antropóloga Débora Diniz, entre otros especialistas.
Una de las convocadas es la periodista de Folha de Sao Paulo Patricia Campos Mello.
El grupo también estará integrado por cinco representantes del Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía, uno de la Secretaría Nacional para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos; uno de la Secretaría Nacional de los Derechos de las Personas LGBTQIA+; uno de la Oficina de Participación Social y Diversidad; uno del Asesor Especial en Comunicación Social; y uno del Consejo Especial de Educación y Cultura en Derechos Humanos.
También serán invitados a participar en la mesa de trabajo representantes de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República, la Fiscalía General de la Nación y los ministerios de Educación; de Igualdad Racial; Justicia y Seguridad Pública; de las mujeres; y Pueblos Indígenas.
Según la organización Safernet, que monitorea los delitos cibernéticos y actúa por la seguridad en internet, las denuncias de delitos de odio en la red crecieron un 67,7% en 2022.
El año pasado, el Centro Nacional de Reportes de Delitos Cibernéticos de la organización recibió más de 74 mil incidentes, según la estatal Agencia Brasil.
El presidente Lula colocó el combate a la desinformación y a la utilización de los medios de comunicación como vectores de discurso de odio, como parte de la lucha contra la ultraderecha del expresidente Jair Bolsonaro.
La agenda de Lula sobre el tema tuvo eco en su visita a Washington cuando se reunió este mes con el presidente estadounidense, Joe Biden.
Brasil se posicionó a favor de mecanismos para luchar contra el discurso de odio durante la Conferencia Global de la Unesco realizada en París el miércoles.
En una carta a ese evento, Lula propuso la regulación multilateral a nivel global de las plataformas digitales para evitar que las gigantes big techs puedan afectar las decisiones de las democracias mediante la divulgación de desinformación y noticias falsas.
"No podemos permitir que la integridad de nuestras democracias se vea afectada por las decisiones de unos pocos actores que hoy controlan las plataformas", aseguró Lula.
La regulación, enfatizó, " debe garantizar el ejercicio de los derechos individuales y colectivos. Debe corregir las distorsiones de un modelo de negocio que genera ganancias explotando los datos personales de los usuarios. Para que sea eficiente, la regulación de las plataformas debe prepararse con transparencia y mucha participación social".
En otro tramo de su carta, Lula propuso que "a nivel internacional, debe coordinarse multilateralmente" y pidió a la comunidad mundial "trabajar ahora para brindar respuestas efectivas a este desafiante problema de nuestro tiempo".
En ese marco dijo que era necesario un "equilibrio" para garantizar el ejercicio de la libertad individual de expresión y a la vez "asegurar un derecho colectivo: el derecho de la sociedad a recibir información fidedigna, y no la mentira y la desinformación".
