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EL DIARIO digital
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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y los líderes del Congreso y del Supremo Tribunal Federal (STF) condenaron este lunes en una declaración conjunta "los actos terroristas" ocurridos el domingo en Brasilia, mientras el máximo tribunal apartó de su cargo al gobernador del distrito federal, Ibaneis Rocha, hasta que se aclaren los sucesos y la Policía Federal anticipó que acusará a cerca de mil manifestantes que tomaron los edificios de los tres poderes.
"Los poderes de la República, defensores de la democracia y de la Carta Constitucional de 1988, rechazan los actos terroristas, de vandalismo, criminales y golpistas sucedidos la tarde de ayer en Brasilia", indicaron en una carta común que Lula publicó en su cuenta de Twitter.
"Estamos unidos para que los reclamos institucionales sean tomados en los términos de las leyes brasileras", agregaron.
Luego hicieron un llamado a la población de Brasil a mantener la calma en medio del clima de tensión social: "Pedimos a la sociedad que mantenga la serenidad, en defensa de la democracia de nuestra patria".
"El país necesita de normalidad, respeto y trabajo para el progreso y la justicia social de la nación", concluye el comunicado que lleva las firmas de los titulares de los tres poderes del Estado.
Los sucesos del domingo terminaron luego de cuatro horas de ocupación de los edificios públicos, donde los agresores causaron toda clase de destrozos aún no valuados desde el punto de vista edilicio ni cultural.
La capital brasileña se encontraba este lunes por la mañana bajo control, pero aún se podían ver las huellas de la destrucción.
"La situación en Brasilia está controlada", afirmó a través de Twitter el interventor federal en el Distrito Federal, Ricardo Cappelli.
En el plano legislativo, el presidente del Senado y del Congreso Nacional de Brasil, Rodrigo Pacheco, convocó al Parlamento para analizar el decreto de intervención firmado por Lula.
Investigaciones
Además, un grupo de legisladores brasileños comenzó a recabar apoyos para crear una comisión parlamentaria que investigue la eventual responsabilidad e implicancia del expresidente Jair Bolsonaro en el ataque.
Por su parte, la Fiscalía brasileña informó que se abrió una investigación "para aclarar la eventual omisión del alto comando de la Policía Militar del Distrito Federal que posibilitó o facilitó la invasión y depredación de las sedes de los tres poderes en Brasilia".
La investigación puede que analice la conducta del comandante de la Policía Militar, el coronel Fábio Augusto Vieira, y del resto de autoridades involucradas, recogió la agencia de noticias Sputnik.
En diversos videos del asalto del domingo se puede apreciar cómo algunos agentes de la Policía Militar conversaban amistosamente con los manifestantes o incluso los escoltaban para llegar desde el campamento golpista hasta la plaza de los Tres Poderes, un camino de casi siete kilómetros en los que los bolsonaristas circularon sin interrupción.
En tanto, la Policía Federal informó que va a acusar a cerca de mil personas que fueron detenidas cometiendo actos ilícitos en flagrancia y serán llevadas al Complejo Penitenciario de Papuda, en Brasilia, informó el diario Folha de San Pablo.
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Flavio Dino, dijo que ya son aproximadamente 1500 los aprehendidos.
Entre los detenidos se encontraban parte de los acampantes frente al cuartel general del Ejército en Brasilia, luego de que el juez del STF Alexandre de Moraes ordenara a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado liberar cualquier tipo de vía o edificio público ocupado por partidarios de Bolsonaro en todo el país.
Imágenes reproducidas por el portal de noticias G1, del grupo O Globo, mostraban personas cargando carpas y bolsos, mientras dejaban el lugar, luego de que De Moraes diera un plazo de 24 horas para cumplir la orden.
El grupo de radicales se encontraba acampando en el lugar desde la segunda vuelta de las elecciones.
El ministro del STF prohibió además, y hasta fines de enero, la entrada de camiones o autobuses con manifestantes en el Distrito Federal.
Mientras tanto, la Policía de Brasil impidió que militantes bolsonaristas bloquearan el acceso a las refinerías en al menos cinco estados del país.
