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EL DIARIO digital
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El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de La Pampa estableció nuevas reglas para el uso de inteligencia artificial (IA) en el Poder Judicial provincial. A través del Acuerdo Nº 25/2026, aprobado el 13 de octubre, habilitó la utilización de estas herramientas como apoyo para las tareas judiciales, pero fijó una restricción central: los jueces y funcionarios no podrán delegar en la tecnología la toma de decisiones ni el análisis jurídico de los casos.
La medida alcanza a magistrados, funcionarios, empleados y profesionales auxiliares de la Justicia que utilicen sistemas de inteligencia artificial en el desarrollo de sus actividades. El protocolo comenzó a regir el mismo día de su aprobación.
El STJ fundamentó la decisión en la necesidad de modernizar los procedimientos judiciales y optimizar los tiempos de trabajo, aunque advirtió sobre los riesgos que implica incorporar herramientas capaces de generar textos, recomendaciones y respuestas que pueden contener errores o información inexistente.
Uno de los puntos centrales del protocolo establece que la utilización de inteligencia artificial no exime ni disminuye las responsabilidades legales de los operadores judiciales. Por el contrario, el documento sostiene que su empleo intensifica la responsabilidad de los usuarios, quienes deberán extremar los controles sobre los contenidos generados.
Los jueces deberán controlar las respuestas
El protocolo prohíbe expresamente delegar la toma de decisiones en sistemas de inteligencia artificial. Los operadores judiciales deberán realizar personalmente el análisis jurídico, interpretar las normas y evaluar las circunstancias particulares de cada expediente antes de adoptar una resolución.
También tendrán la obligación de verificar los resultados obtenidos, controlar posibles sesgos o prejuicios y comprobar la exactitud de los antecedentes utilizados.
La disposición adquiere especial relevancia frente a uno de los riesgos reconocidos por el propio STJ: las denominadas "alucinaciones" de la inteligencia artificial, que se producen cuando estos sistemas generan información incorrecta, adulterada, imposible de verificar o directamente inexistente.
Por ese motivo, el protocolo recomienda revisar especialmente las citas de leyes, doctrina y jurisprudencia producidas mediante estas herramientas, para evitar que se incorporen a actuaciones judiciales referencias falsas o equivocadas.
Protección de datos y transparencia
Otro de los aspectos relevantes es la protección de la información contenida en los expedientes. El STJ recomienda no introducir datos personales ni información confidencial en plataformas externas de inteligencia artificial y utilizar mecanismos de anonimización para impedir la identificación de las personas involucradas.
Además, establece pautas de transparencia sobre la utilización de estas tecnologías. Entre ellas, recomienda informar qué herramientas y versiones fueron utilizadas y exige que los documentos jurídicos, las pruebas y las opiniones judiciales o periciales generadas con asistencia de IA estén claramente identificados.
El protocolo también contempla que las personas interesadas puedan cuestionar o apelar decisiones respaldadas por sistemas de inteligencia artificial y recibir información sobre la intervención de esas herramientas en el proceso.
Finalmente, el STJ promueve la capacitación de los integrantes del Poder Judicial para que conozcan las posibilidades, limitaciones y riesgos de estas tecnologías.
De esta manera, el máximo tribunal provincial formalizó la incorporación de la inteligencia artificial como herramienta de apoyo a la actividad judicial, pero dejó establecido que la tecnología no puede sustituir el criterio jurídico ni la responsabilidad de quienes administran justicia.