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Presentan una denuncia penal contra el Concejo Deliberante por falta de accesibilidad

Una persona con discapacidad  tuvo que arrastrarse para llegar al recinto
Una persona con discapacidad tuvo que arrastrarse para llegar al recinto.
Oscar Alejandro Falcón acudió al Ministerio Público Fiscal para exigir que se investigue la inoperatividad continuada del ascensor en la sede legislativa de Avenida San Martín. Argumenta que la falla impide el ingreso a personas con discapacidad y adultos mayores, una situación que ya había sido advertida en la Banca del Vecino.

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EL DIARIO digital

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El vecino Oscar Alejandro Falcón formalizó una denuncia ante la Oficina de Atención Primaria del Ministerio Público Fiscal con el objetivo de que se investiguen las condiciones de accesibilidad y las eventuales responsabilidades por la inoperatividad del medio de elevación ubicado en el edificio del Concejo Deliberante de Santa Rosa, en Avenida San Martín 50.

La presentación, realizada mediante un escrito de cinco páginas respaldado con documentación fotográfica, advierte que la falla del elevador genera una barrera física concreta que impide el acceso autónomo y seguro al primer piso del inmueble, sector donde se encuentran el recinto de sesiones y diversas oficinas administrativas. Esta situación afecta de manera directa a personas con discapacidad, usuarios de sillas de ruedas, adultos mayores y a cualquier vecino con movilidad reducida que intente presenciar las sesiones o realizar trámites institucionales.

En el texto entregado al organismo judicial, el denunciante recordó que la falta de funcionamiento del equipo no constituye una novedad para las autoridades locales. El pasado 14 de mayo de 2026, durante la Reunión N° 1587 del cuerpo deliberativo, Falcón hizo uso de la Banca del Vecino y expuso públicamente que asistentes con movilidad reducida no habían podido ingresar al recinto. A esa advertencia previa se suma la presencia de cartelería en el propio lugar con la leyenda "ASCENSOR FUERA DE SERVICIO. DISCULPE LAS MOLESTIAS", elemento incorporado a la denuncia como prueba del conocimiento que la administración posee sobre la avería.

Falcón solicitó a la fiscalía una serie de medidas de prueba, entre las que destacan el requerimiento de información sobre la fecha exacta en que se interrumpió el servicio, la remisión de expedientes administrativos y presupuestos vinculados a las tareas de reparación o mantenimiento, y la realización de una inspección ocular en el edificio. Asimismo, pidió que se solicite la versión taquigráfica y los registros audiovisuales de la sesión de mayo y que se evalúen las posibles responsabilidades administrativas, funcionales o legales de las autoridades a cargo del mantenimiento de la sede legislativa.

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