Volcó en el acceso a General Pico y terminó dentro de un canal de desagüe
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EL DIARIO digital
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Luego de haberse completado las instancias de formalización judicial, se confirmó el pase a situación de pasiva de los siete efectivos de la Policía de La Pampa imputados en la causa que investiga las severas agresiones sufridas por el joven músico y lutier santarroseño, Lautaro Díaz.
La medida alcanza a los agentes Eric Assel, Luciano Carmona, Daiana Cerda, Javier Regiart, Sabrina [Apellido], Carolina Tituñik y Gabriela Weinmeister, quienes se encuentran formalmente acusados por los delitos de lesiones graves agravadas por el abuso de la fuerza y por su condición de miembros de la fuerza de seguridad, en concurso real con vejaciones. Todos desempelñaban funciones en la Seccional Primera al momento del hecho, ocurrido el domingo 6 de septiembre por la noche en la Terminal de Ómnibus de Santa Rosa. El joven Lautaro Díaz se disponía a viajar a La Plata junto a un amigo en un colectivo de Plusmar y llevaba una guitarra que había reparado para un cliente de esa ciudad.
Según relató, se produjo una discusión con trabajadores de la empresa porque no le permitían subir el instrumento al micro. Luego de que llamaran a efectivos de la Seccional Primera por una presunta obstrucción pública, denunció que fue golpeado por policías, trasladado a la dependencia y agredido nuevamente mientras permaneció allí durante más de una hora.
Imputación y desplazamiento
El desplazamiento preventivo se concreta una vez recibido el informe oficial de imputación remitido por la Justicia a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), organismo encargado de instruir el sumario interno.
Desde el área de seguridad se había explicado oportunamente que el pase a pasiva —una medida que hace años se aplicaba de manera automática ante cualquier sospecha— es sometido actualmente a un riguroso análisis previo. Los funcionarios recordaron que dicha condición conlleva consecuencias drásticas e irreversibles para el personal, tales como la pérdida de la promoción anual, una merma considerable en los haberes y un perjuicio profesional irreparable en caso de dictarse posteriormente un sobreseimiento, lo que históricamente ha derivado en millonarias demandas contra el Estado provincial.
Por esta razón, la Policía aguardó la formalización judicial y el avance de las medidas probatorias —como la apertura de los teléfonos celulares ordenada por el juez de control Gabriel Lauce Tedin y los fiscales Guillermo Sancho y Natalia Urruti— antes de definir la situación laboral de los involucrados.
Con este paso administrativo, los siete efectivos imputados quedan apartados preventivamente de sus funciones operativas mientras continúan a disposición de la Justicia y del proceso penal en trámite.
