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EL DIARIO digital
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El abogado constitucionalista pampeano Andrés Gil Domínguez cuestionó el Decreto 982/2026, publicado este viernes por el Gobierno nacional, que dejó sin efecto el Decreto 1560/73 y estableció que las regalías hidroeléctricas correspondientes al Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles sean percibidas en su totalidad por Mendoza.
A través de una publicación en sus redes sociales, Gil Domínguez relacionó la medida con el conflicto entre La Pampa y Mendoza por el río Atuel.
"La provincia de Mendoza nos robó el Río Atuel. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un fallo histórico, resolvió que también le pertenece a la provincia de La Pampa", afirmó.
El constitucionalista sostuvo además que Mendoza "nunca cumplió el fallo" de la Corte y recordó que, según señaló, la provincia fue denunciada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el incumplimiento de las obligaciones vinculadas al río.
En ese marco, apuntó contra la decisión adoptada por el presidente Javier Milei: "Hoy se publicó el Decreto 982/2026 mediante el cual Milei dispuso que la regalía hidroeléctrica correspondiente al Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles corresponde en su totalidad a la Provincia de Mendoza".
El decreto establece que la regalía prevista en el artículo 43 de la Ley 15.336 será abonada íntegramente a Mendoza, bajo el argumento de que la fuente hidroeléctrica efectivamente aprovechada se encuentra dentro de ese territorio. La medida deja sin efecto el Decreto 1560/73, que había dispuesto el reparto en partes iguales entre Mendoza y La Pampa.
Gil Domínguez cuestionó la decisión con una frase que sintetizó su posición: "Nos robaron un río, ahora nos roban las regalías".
Además, desafió públicamente al diputado nacional pampeano de La Libertad Avanza, Adrián Ravier: "Te escuchamos Adrián Ravier a ver cómo lo explicas".
Finalmente, cerró su publicación con una consigna histórica del reclamo pampeano: "La lucha continúa. Las Malvinas son argentinas, el Atuel es pampeano".
El decreto publicado este viernes también señala que la controversia sobre el Decreto 1560/73 se encuentra judicializada ante la Corte Suprema en una causa iniciada por Mendoza contra el Estado nacional.
