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EL DIARIO digital
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General Pico (Agencia) En los Tribunales de Pico fue formalizado el pasado miércoles Manuel Mostaza, en el marco de una investigación por presunta faena clandestina de carne vacuna y porcina, almacenamiento irregular y posterior comercialización de los productos en Monte Nievas y otras localidades de La Pampa. El imputado, que quedó en libertad, de ser hallado culpable tendrá que cumplir con pena de prisión efectiva.
Según la investigación, los hechos habrían ocurrido entre septiembre de 2025 y agosto de 2026. El expediente apunta a determinar la existencia de maniobras relacionadas con la producción y distribución de carne sin las habilitaciones sanitarias correspondientes.
La formalización de investigación fue requerida por el fiscal Marías Juan y fue presidida por la jueza de control Ana Laura Ruffini. El imputado estuvo representado por el abogado Martín Herrero Galvagno.
En dicha instancia, la Fiscalía detalló las principales irregularidades detectadas en distintos procedimientos, entre ellas las condiciones en las que se habría encontrado parte de la mercadería, la falta de controles oficiales y la presunta utilización de sellos apócrifos en medias reses para aparentar que la carne había atravesado las inspecciones correspondientes.
La pesquisa
La investigación se inició a partir de distintos operativos que incluyeron controles sobre el traslado de carne y un allanamiento realizado el 25 de agosto en instalaciones ubicadas en cercanías del ferrocarril de Monte Nievas. En esos procedimientos se habrían detectado vehículos que transportaban carne sin documentación ni habilitaciones sanitarias.
Uno de los puntos centrales del expediente está relacionado con las condiciones de higiene y conservación observadas durante los procedimientos. La investigación estableció que no se trataba solamente de una falta de equipamiento adecuado, sino de un conjunto de incumplimientos vinculados a las normas de seguridad alimentaria.
Entre las irregularidades señaladas aparecen graves deficiencias sanitarias, presencia de roedores y contaminación cruzada entre sectores destinados a distintas tareas. Además, se encontró una vaca muerta sobre una camioneta, con pérdida de sangre, ubicada próxima al área donde se realizaban actividades vinculadas con la faena y el embolsado de carne.
Las autoridades judiciales consideraron que esas condiciones podían representar un riesgo para la salud pública, debido a la posibilidad de transmisión de enfermedades a través del consumo de alimentos contaminados. En ese sentido, se analizaron posibles riesgos asociados a patologías como leptospirosis, brucelosis, tuberculosis bovina y triquinosis en el caso de productos porcinos.
Otro de los elementos incorporados a la causa fue el hallazgo de sellos colocados sobre algunas medias reses que, según los informes técnicos incorporados al expediente, no coincidirían con los modelos oficiales autorizados. La hipótesis de la investigación es que esos elementos podrían haber sido utilizados para generar la apariencia de que la carne contaba con los controles sanitarios exigidos.
Delitos, penas y pruebas
La causa fue encuadrada en delitos contra la salud pública, relacionados con el almacenamiento y comercialización de sustancias alimenticias que podrían resultar peligrosas para las personas. La escala penal prevista para este tipo de hechos va de tres a diez años de prisión, además de una sanción económica.
La situación judicial de Mostaza también quedó condicionada por un antecedente condenatorio registrado en 2022. En caso de una eventual nueva condena, la pena no podría ser de ejecución condicional y debería cumplirse de manera efectiva.
Durante la audiencia de formalización no se solicitaron medidas de coerción contra el imputado. La investigación continuará con el análisis de la prueba reunida y la incorporación de nuevos elementos antes de definir la acusación formal.
La causa avanza ahora hacia una etapa en la que deberán ordenarse los informes técnicos, testimonios y demás pruebas incorporadas. De acuerdo con el desarrollo previsto por la Fiscalía, el proceso podría continuar con la presentación de la acusación y un eventual juicio oral durante el próximo año.