La Pampa y Buenos Aires profundizan su cooperación en seguridad
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EL DIARIO digital
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Por Walter Goñi (*)
La Justicia suele preguntarse en voz alta, con impostada perplejidad, por qué la sociedad le da la espalda en muchas ocasiones y mira sus fallos con un distanciamiento cargado de desconfianza. La respuesta no hay que buscarla en tratados de derecho constitucional ni en congresos de magistrados: está en la impiedad cotidiana de sus despachos. El caso del bebé de Rancul es la radiografía perfecta de un sistema inhumano, donde las leyes se estiran o se acortan según la conveniencia del funcionario de turno, y donde el sentido común y el bien supremo del niño quedan sepultados bajo toneladas de cinismo burocrático.
La decisión de incorporar al pequeño al Registro Único de Adopción la firmó la jueza Ana Clara Pérez Ballester -la misma magistrada tristemente célebre por el caso Lucio Dupuy- apenas un día después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación abriera de par en par la puerta para evaluar la adopción por parte de la familia de tránsito. La celeridad de la firma no parece un rasgo de eficiencia, sino una urgencia con tufo a revancha institucional. Ocurre en la misma semana en que la Justicia decidió el repentino traslado de la jueza Paola Loscertales, la magistrada que había frenado el proceso y hecho lugar al amparo de la familia de contención para proteger el vínculo. Un apartamiento que huele a represalia por haber desafiado la inercia del sistema. Demasiadas coincidencias para un tribunal que no tolera que le marquen la cancha.
La historia del pequeño es desgarradora desde su origen. Abandonado en el hospital desde el día que nació, con la dirección postal del nosocomio en su certificado, llegó a los brazos de Joaquín Díaz y Ana Paula Pizzani pesando apenas un kilo y vestido con ropa para un nene de un año. Siete meses antes de recibirlo, la familia le había comunicado formalmente al área de Niñez que deseaba darse de baja del programa de familias de tránsito para inscribirse como adoptantes. Sin embargo, desde la Dirección de Niñez les rogaron que hicieran una excepción: nadie quería hacerse cargo del bebé por su delicadísimo estado de salud. Ante la insistencia del Estado, primó el amor y aceptaron.
Ahí es donde la doble vara del sistema se vuelve directamente repudiable. Cuando al Estado le conviene, la letra chica de la ley se ignora sin atisbo de culpa: el niño que estuvo con la misma familia antes del bebé, permaneció más de 14 meses, cuando la norma fija un límite estricto de seis. Pero cuando la familia exige que se priorice el vínculo afectivo construido en el barro de las madrugadas y los cuidados intensivos, la burocracia saca a relucir el reglamento con el rigor de un verdugo.
El papel del Poder Ejecutivo en esta trama exige un llamado urgente a la reflexión. La Subsecretaría de Niñez y la Dirección de Prevención -con Juan Pablo Bonino y Rodrigo Lofvall perpetuados en sus cargos desde hace años y con una gestión que acumula deudas severas con la infancia pampeana- exhibieron una pequeñez alarmante. Tras alentar implícitamente el cuidado del niño (y ahora amparados en la nueva decisión judicial de Pérez Ballester), presentaron un escrito judicial argumentando que el bebé necesitaba "un lugar mejor". Un golpe bajo, vil e innecesario contra un hogar que le salvó la vida al menor. Una actitud mezquina, propia de funcionarios que claramente no están a la altura de la responsabilidad pública que ostentan.
Este viernes que pasó, la dignidad y el dolor caminaron por el mismo carril. En una conmovedora entrevista brindada a LU-100, Joaquín Díaz relató el calvario que atraviesan ante la orden de entregar al pequeño este próximo lunes en Santa Rosa. A pesar del llanto desgarrador y la impotencia de ver cómo les arrancan a quien criaron como a un hijo, Díaz no perdió jamás la compostura. Dio una lección de entereza y humanidad que deja en evidencia la pequeñez de los funcionarios intervinientes.
Lo que ocurrió con el bebé de Rancul no es un trámite de adopción: es una exhibición de poder. Un castigo disciplinador a una familia que cometió el "delito" de visibilizar la incompetencia estatal. Mientras la Justicia y los organismos de Niñez sigan operando desde la soberbia y el desprecio por el dolor humano, la brecha con la gente no solo seguirá abierta: será, definitivamente, insalvable.
(*) Director Periodístico de El Diario de La Pampa.
