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EL DIARIO digital
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La Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) emitió un duro comunicado en el que rechazó la decisión del Jurado de Enjuiciamiento que resolvió no destituir a Pablo Ramiro Díaz Lacava, juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Pampa, y ordenó su inmediata reincorporación al cargo.
En el texto difundido por la comisión directiva nacional del gremio, la UEJN cuestiona la "incoherencia" del fallo, al señalar que el propio Jurado dio por probado un cuadro de situación que califican como "gravísimo", pero que sin embargo concluyó en la absolución del magistrado.
Según la declaración, el Jurado tuvo por acreditados hechos como que el juez arrojó un cascote por la ventana de su despacho mientras su personal trabajaba, a centímetros de golpearlos; que encerró a una empleada bajo gritos exigiéndole el teléfono celular; que dejó a una trabajadora sola en una unidad penitenciaria en condiciones de temperaturas extremas; que forcejeó violentamente para arrebatar bienes del tribunal; y que golpeó escritorios, gritó, amenazó y encerró a su personal en reiteradas oportunidades.
La UEJN recordó que fue el propio Consejo de la Magistratura, al abrir el proceso, el que calificó esas conductas como violencia y acoso laboral y violencia contra la mujer, invocando expresamente la Convención de Belém do Pará. Sin embargo, el Jurado redujo esos mismos hechos a "fricciones de superintendencia" y a un "desajuste interpersonal" derivado del regreso a la presencialidad pospandemia.
"Esa distancia entre lo que el fallo da por probado y lo que finalmente resuelve es, para la UEJN, inaceptable e indefendible", sostiene el comunicado.
El gremio también rechazó el reproche del fallo hacia los denunciantes por haber acudido directamente a la vía penal sin agotar instancias internas de mediación con el propio agresor. Al respecto, la UEJN afirmó que exigirle a un trabajador o trabajadora que dialogue y medie con quien lo somete a violencia desconoce la asimetría de poder existente entre un juez y su personal. Agregó que las herramientas institucionales de contención fallaron porque ni el Consejo de la Magistratura ni los pares del tribunal actuaron a tiempo, algo que el propio fallo admite.
La declaración concluyó con un rechazo a que se naturalice como "desajuste interpersonal" lo que consideran ejercicio de violencia desde una posición de poder, y anunciaron que seguirán reclamando justicia en las instancias correspondientes. Además, remarcaron la vigencia del Convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo.
