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EL DIARIO digital
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La especialista en derecho de familia Marisa Herrera cuestionó la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil y advirtió sobre las consecuencias de reducir de 16 a 14 años la edad mínima de punibilidad. Dijo que puede generar serios problemas en las provincias por la falta de infraestructura, recursos y personal especializado para atender a adolescentes en conflicto con la ley penal.
Herrera formuló las declaraciones en Santa Rosa, donde participó como capacitadora del lanzamiento del Programa Provincial de Capacitación en Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Gobierno de La Pampa, realizado en el Medasur.
La Ley Nacional 27.801 fue sancionada por el Congreso el 27 de febrero pasado, promulgada en marzo y entra en vigencia este sábado 5 de septiembre. Reemplaza al régimen establecido por la Ley 22.278 y extiende la responsabilidad penal a adolescentes desde los 14 años hasta que cumplen 18. La legislación anterior establecía, como regla general, la no punibilidad de los menores de 16 años.
"Que para los pibes tu única respuesta sea justamente la sanción penal, ir desde el ámbito penal, creo que es la peor respuesta que se puede dar a los pibes", sostuvo Herrera.
"Las provincias en general no están preparadas para todo lo que implica eso, por lo cual van a terminar los chicos en comisarías o en instituciones que no están formadas, con gente que no está capacitada. De hecho, muchas provincias están viendo qué hacer", señaló.
La nueva legislación establece que los adolescentes privados de su libertad deberán permanecer en institutos especializados, separados de los adultos y atendidos por personal capacitado. También contempla penas alternativas, programas educativos, capacitación laboral, asistencia psicológica, servicios comunitarios y mecanismos como la mediación penal juvenil. La pena máxima de privación de libertad quedó fijada en 15 años y están prohibidas las penas de prisión o reclusión perpetua.
Para Herrera, sin embargo, el problema estará en cómo llevar esas disposiciones a la práctica. "Si no hay plata y el Estado argentino, el Gobierno nacional, no baja plata, ¿cómo vamos a hacer para hacer efectiva esa ley? Va a terminar siendo un depósito de chicos, aquellos chicos que el propio Estado no pudo también acompañar", alertó.
"Respuesta boba"
Herrera consideró que detrás de la reforma existe una mirada principalmente punitiva sobre los adolescentes. "Esta ley tiene una cuestión efectista en algún punto, esto de dar una respuesta boba a la sociedad sobre los 'chicos chorros'. Sin embargo, la pregunta es: ¿qué pasó antes con estos chicos?", planteó.
En ese punto vinculó el debate con la necesidad de fortalecer las políticas de prevención y protección de derechos. "Muchos chicos que caen también en el delito, la pregunta es: ¿de qué familias vienen?, ¿qué pasó antes?, ¿fueron víctimas de violencia?, ¿víctimas de abandono? Bueno, ahí es donde tiene que estar el Estado", sostuvo.
Herrera relacionó esa mirada preventiva con la denominada Ley Lucio. "La Ley Lucio viene a hablar también de eso. Es tan importante para poder tomar dimensión de que justamente eso es lo más preventivo", afirmó.
La especialista aseguró estar "muy preocupada" por las consecuencias concretas que tendrá la aplicación de la nueva legislación. "Dictar leyes desde el Congreso de la Nación, allá en CABA, es fácil. Ahora hay que hacer la implementación en cada una de las provincias. Yo quiero ver, cuando veamos esos pibes a dónde van, si realmente esta ley fue buena o no", cuestionó.
La Pampa
Ante la inminente entrada en vigencia de la Ley 27.801, el Gobierno pampeano envió días atrás a la Legislatura un proyecto para adecuar el régimen provincial al nuevo escenario nacional.
La iniciativa propone modificar la Ley Provincial 3353 de Procedimiento Penal para Adolescentes y otras normas vinculadas. Entre sus objetivos se encuentra mantener una Justicia especializada, con operadores capacitados específicamente en niñez y adolescencia, fortalecer las soluciones alternativas al proceso penal y avanzar hacia una organización descentralizada del sistema.
Herrera valoró esa iniciativa. "El gobernador está preocupado por esta problemática, para tratar de darle una respuesta. No le queda otra que cumplir con la ley, pero que sea de una manera lo más preventiva, abarcativa e integral posible", señaló.
"Es un buen proyecto el que presentó el gobernador. Ojalá que la Legislatura acá en La Pampa lo apruebe y que además pueda ser modelo para otras provincias", agregó.
"La Pampa tiene muy buen bagaje legislativo, tiene buenas leyes, como por ejemplo la ley de Ludopatía, que fue una de las primeras que salió", afirmó.
Y volvió sobre las dificultades que, a su criterio, aparecerán a partir de la aplicación del nuevo régimen: "Muchas provincias realmente van a tener un problema enorme con la puesta en práctica de la ley penal juvenil".
"Un Estado punitivista"
Finalmente, Herrera inscribió la reforma dentro de la orientación que atribuyó al Gobierno de Javier Milei en materia penal.
"En estos casi tres años de Gobierno de Milei, si analizás adónde han entrado los proyectos de ley en el Congreso, la Comisión de Legislación Penal es la que más proyectos tiene, tanto en el Senado como en Diputados", sostuvo.
"Un país que apuesta mucho más a la Comisión de Penal en las leyes que a cualquier otra, ya te das cuenta qué país tenés, adónde vas", concluyó.
