El STJ rechazó revisar la condena a 12 años de prisión por abuso sexual y amenazas

De esta manera, quedó firme la decisión del Tribunal de Impugnación Penal (TIP), que ya había confirmado íntegramente la sentencia dictada por la Audiencia de Juicio de la Segunda Circunscripción.

El recurso había sido interpuesto por el abogado Gastón Gómez, quien sostuvo que durante el proceso se vulneraron el derecho al doble conforme, el estado de inocencia y el principio de valoración racional de la prueba. Según la defensa, los jueces solo tuvieron en cuenta las pruebas de cargo y desestimaron la evidencia favorable al acusado, por lo que solicitó la absolución o, en forma subsidiaria, que se lo condenara únicamente por las amenazas.

De acuerdo con la sentencia, el hecho principal ocurrió en mayo de 2022 en una vivienda de Victorica. El tribunal dio por probado que el acusado citó a la víctima con la excusa de que lo ayudara a reparar un lavarropas y, una vez en el lugar, la redujo por la fuerza, abusó sexualmente de ella y luego la obligó a practicar sexo oral. Antes de que la mujer pudiera escapar, la amenazó con matar a su marido si lo denunciaba.

La resolución también tuvo por acreditado que, antes y después del abuso, el hombre mantuvo un hostigamiento constante mediante mensajes y llamados telefónicos, en los que intimidaba a la víctima y amenazaba con hacerle daño a ella, a su esposo y a sus hijos. Incluso, meses más tarde, se presentó armado con una cuchilla en la vivienda de la mujer para exigirle la devolución de objetos pertenecientes a su padre y reiterar las amenazas de muerte.

Los argumentos del STJ

Al analizar el recurso, la Sala B recordó que la casación solo procede cuando existe una cuestión jurídica concreta, una aplicación incorrecta de la ley o un supuesto excepcional de arbitrariedad. Sin embargo, concluyó que ninguno de esos requisitos estaba presente en este caso.

Los jueces señalaron que la defensa se limitó a reiterar los mismos cuestionamientos que ya habían sido analizados por el Tribunal de Impugnación, especialmente respecto de la credibilidad del testimonio de la víctima, la prueba indiciaria y la reconstrucción de los hechos.

El Superior Tribunal destacó que el TIP realizó una revisión amplia de la condena, conforme a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Casal", y que evaluó tanto las pruebas de cargo como las de descargo antes de concluir que no existían dudas razonables sobre la autoría del imputado.

Asimismo, remarcó que la sola discrepancia con la valoración de las pruebas no alcanza para configurar un supuesto de arbitrariedad ni para habilitar una nueva instancia de revisión. También rechazó el planteo de una supuesta aplicación errónea de la ley penal al considerar que, en realidad, la defensa cuestionaba nuevamente la apreciación de los hechos y no la interpretación jurídica de los delitos imputados.