A seis años del fallo de la Corte por el Atuel, Ziliotto denunció que Mendoza profundiza el "ecocidio"

Se cumplieron seis años de un hito judicial que, en la práctica, sigue siendo una cáscara vacía. El 16 de julio de 2020, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó a Mendoza garantizar un caudal mínimo permanente de 3,2 m 3 /s del río Atuel hacia La Pampa para empezar a recomponer el ecosistema pampeano. Hoy, la realidad del oeste sigue siendo la misma: el cauce está seco, Mendoza no larga una gota y la Justicia mira para otro lado.

En ese marco, el gobernador Sergio Ziliotto volvió a alzar la voz para denunciar que el fallo sigue archivado en los hechos y advirtió que esta parálisis profundiza el "ecocidio" en el territorio provincial.

A través de sus redes sociales, el mandatario pampeano graficó la impunidad con números que duelen: ya transcurrieron 2.191 días de incumplimiento de la sentencia, en el contexto de un despojo que lleva 79 años de historia, iniciado con la construcción del complejo hidroeléctrico El Nihuil en suelo mendocino.

Dos realidades

Ziliotto contrastó con dureza el uso del recurso hídrico a ambos lados de la frontera interprovincial. Mientras en Mendoza aumentan los reservorios privados, se destinan caudales superiores al mínimo fijado por la Corte para beneficiar a bodegas, se realiza sobrerriego para recargar napas y se deriva agua a parcelas sin producción agrícola, en el oeste pampeano el panorama es desolador.

"Cada día que pasa sin que el fallo se cumpla es un día más de daño ambiental que se profundiza", fustigó el gobernador.

El impacto ambiental y social en La Pampa es crítico:

- 1,5 millones de hectáreas quedaron completamente desertificadas.

- Desaparecieron los humedales y se destruyó un ecosistema entero.

- Se disparó la salinización de las napas de agua.

- Cientos de familias puesteras debieron abandonar la región por la falta de agua y de futuro.

- Seis años de inacción judicial

El conflicto tiene décadas de disputas, pero la sentencia del 16 de julio de 2020 parecía abrir una luz de esperanza al fijar el caudal de 3,2 m 3/s y ordenar la ejecución de obras conjuntas y un sistema de monitoreo.

Sin embargo, a seis años de aquella resolución, la provincia vecina mantiene el grifo cerrado. En los últimos años, el Gobierno pampeano presentó reiteradas medidas ante la Corte, exigió que los jueces "bajen al territorio" y recorran el cauce seco del río, e incluso advirtió que la pasividad del máximo tribunal termina siendo cómplice del daño ambiental.

Para La Pampa, la postura mendocina ya no es solo una desobediencia judicial: es la continuidad sistemática de un desierto provocado que asfixia al oeste. Por eso, el reclamo no claudica: "El río Atuel también es pampeano", concluyó Ziliotto.