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EL DIARIO digital
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El juez federal Juan José Baric resolvió desaprobar los estados contables de la agrupación correspondientes al ejercicio 2023, imponiendo además la pérdida del derecho a recibir aportes públicos por el término de un año. También en el misma fecha emitió la sentencia desaprobando las cuentas del 2024 de LLA La Pampa.
El magistrado ha ordenado la formación de una causa por separado para evaluar específicamente la conducta de los responsables partidarios.
La trama de esta desaprobación contable comenzó con la presentación del balance anual ante la Secretaría Electoral. Sin embargo, lo que debía ser un trámite de rigor se convirtió en un dolor de cabeza cuando el Cuerpo de Auditores Contadores de la Cámara Nacional Electoral detectó una serie de inconsistencias que afectaban ítems sensibles como el Libro Diario, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto y, fundamentalmente, el manejo de los aportes públicos y privados.
Uno de los puntos más llamativos de la defensa presentada por el PRO fue la admisión de un "error involuntario". Según el descargo del partido, se declararon $677.413,46 provenientes de multas y sanciones judiciales como si fueran "Aportes Públicos Extraordinarios". Si bien el partido intentó subsanar esto mediante asientos de ajuste para el ejercicio posterior, el Ministerio Público Fiscal y el juez consideraron que la falta de prolijidad original empañaba la transparencia del ejercicio auditado.
El "efectivo", el enemigo de la trazabilidad
El núcleo del fallo radica en dos faltas que el juez Baric calificó como insubsanables en esta instancia: el incumplimiento en el uso de la plataforma de aportantes y la persistencia de pagos en efectivo.
La ley de Financiamiento de los Partidos Políticos (N° 26.215) es tajante: todo aporte debe pasar por una plataforma digital que garantice el libre consentimiento y la identificación fehaciente del donante antes de que el partido pueda utilizar ese dinero. En el caso del PRO pampeano, el tribunal determinó que no se pudo acreditar debidamente el origen y destino de ciertos fondos, lo que vulnera el control efectivo sobre el erario público.
Más grave aún resultó la detección de gastos operativos realizados por fuera del sistema bancario. El magistrado recordó que la normativa vigente obliga a los tesoreros a efectuar todos los gastos con cargo a la cuenta bancaria partidaria. La "bancarización" no es un capricho administrativo; es la herramienta que permite la trazabilidad de los fondos. El pago en efectivo, según el fallo, constituye un "grave incumplimiento" que impide conocer la situación patrimonial real de la agrupación.
Sin excusas por "desconocimiento"
Uno de los párrafos más contundentes de la sentencia de Baric apunta a la reincidencia administrativa del partido. El juez señaló que el PRO ya había sido objeto de observaciones similares en ejercicios anteriores, por lo que a estas alturas "no es admisible atribuir al desconocimiento de las autoridades responsables la forma correcta de proceder".
La justicia electoral subrayó que los partidos políticos, como instituciones fundamentales del sistema democrático, tienen la obligación de mantener una publicidad detallada y constante de sus ingresos y egresos. Al no poder demostrar cabalmente su situación patrimonial, el PRO se encuadró en las sanciones previstas por el artículo 62 de la ley 26.215, que estipula la pérdida del financiamiento público cuando los informes no permiten acreditar el origen de los recursos.
Un año de "sequía" financiera
La sanción de un año sin recursos públicos anuales para desenvolvimiento institucional representa un golpe seco a la logística partidaria en el distrito. Sin estos fondos, la agrupación deberá depender exclusivamente de aportes privados que, tras este fallo, estarán bajo una lupa mucho más rigurosa por parte de la justicia.
El fallo ya ha sido comunicado a la Cámara Nacional Electoral y a la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior para que se haga efectiva la quita de los subsidios. Mientras tanto, la dirigencia del PRO en La Pampa deberá no solo ordenar sus libros contables, sino también preparar sus defensas ante la causa penal/administrativa paralela que el juez Baric ha ordenado abrir para deslindar responsabilidades individuales sobre este descalabro administrativo.
Este escenario deja una lección clara para el arco político: la justicia electoral parece estar cada vez menos dispuesta a aceptar la "desprolijidad" como una excusa válida ante la obligación de rendir cuentas sobre el dinero que sostiene la actividad política en el país.
