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EL DIARIO digital
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El actual vocero presidencial y presidente de La Libertad Avanza en la provincia, Adrián Ravier, actualmente en el centro de la escena, recibe un duro golpe: el juez federal Juan José Baric no aprobó el balance 2024 y abrió una causa penal a la conducción.
Aunque el fallo ordena abrir una causa penal, no es contra las actuales autoridades partidarias sino contra quienes ejercían esa conducción, entre ellos Luciano Ortiz, Nicolás Boschi y Juan Pablo Patterer.
En la actualidad, Ravier es presidente de La Libertad Avanza La Pampa, Sofía Mascaró es vice, Marcelo Otiñano es secretario, Juliana Tarditi, Sebastián Pico y Viviana Navarro, vocales titulares, y Néstor Mesa y Vanesa Romero, vocales suplentes.
Pero las medidas judiciales ordenadas por el juez Baric condicionan a LLA La Pampa en un armado electoral para el año 2027 al dejarlo atados de manos en el financiamiento oficial.
La política tiene sus tiempos, pero la justicia electoral tiene sus reglas. En un escenario donde el discurso oficialista nacional pregona la transparencia y el orden de las cuentas públicas, la realidad de La Libertad Avanza (LLA) en La Pampa sufrió un golpe al quedar la herramienta partidaria envuelta en desprolijidades administrativas que hoy le valieron un castigo ejemplar.
El fallo, firmado el pasado 3 de julio de 2026 por el Juez Federal de Santa Rosa, Juan José Baric, no deja lugar a dudas: la agrupación política que lidera Javier Milei a nivel nacional y que en tierras pampeanas tiene como jefe político al actual vocero presidencial, Adrián Ravier (según el contexto político local), ha fallado en explicar cómo y en qué gastó su dinero durante el año 2024.
Todo comenzó con la presentación —fuera de término— de los estados contables del ejercicio 2024 ante la Secretaría Electoral. Lo que parecía un trámite burocrático se convirtió en una pesadilla para los tesoreros libertarios cuando el Cuerpo de Auditores Contadores de la Cámara Nacional Electoral puso la lupa sobre los números.
Las observaciones fueron múltiples y de diversa gravedad: errores en el Libro Diario, falta de declaración de aportantes en la plataforma oficial, egresos mal registrados y, quizás lo más grave, el manejo de dinero por fuera del sistema bancario.
Uno de los puntos que más irritó al tribunal fue la recurrencia en el error. El partido ya había sido advertido en el ejercicio anterior sobre la necesidad de realizar ajustes por inflación en sus libros, algo técnicamente elemental. Sin embargo, la respuesta del partido fue casi una confesión de negligencia: admitieron que era "técnicamente correcto" hacerlo, pero pidieron que se les perdonara la falta por la supuesta "poca significatividad" del ajuste, prometiendo que serían más rigurosos "en los ejercicios siguientes". El juez Baric fue tajante: al ser algo ya advertido anteriormente, no corresponde dispensar el incumplimiento.
El misterio de los 500 mil pesos
El corazón de la desaprobación reside en la falta de transparencia sobre el origen de los fondos. Según el fallo, la agrupación no presentó la documentación respaldatoria de aportes declarados por un total de $546.080,00. Estos aportes se realizaron en efectivo, lo que imposibilita de manera absoluta corroborar quién puso ese dinero y de dónde salió.
La ley es clara: los partidos políticos deben bancarizar todos sus movimientos para que el Estado pueda controlar que no haya financiamiento espurio. En el caso de LLA La Pampa, la desprolijidad llegó al extremo de que, habiendo obtenido su personería en mayo de 2023, recién registraron su cuenta bancaria única en mayo de 2025. Es decir, durante todo el periodo analizado (2024), el partido funcionó sin una cuenta bancaria activa, manejándose exclusivamente con efectivo, algo que el tribunal calificó como un "grave incumplimiento".
Como si fuera un manual de "lo que no se debe hacer", el partido tampoco cargó las declaraciones de los aportantes en la plataforma de la Cámara Nacional Electoral. La justicia recordó que el uso de los aportes solo está habilitado una vez que el donante hace su declaración jurada confirmando que el dinero es legal y que no tiene prohibiciones. Nada de esto ocurrió.
Sin billetera estatal y bajo la lupa
Las consecuencias de este "desorden" contable son directas y dolorosas para cualquier estructura política. El Juez Baric resolvió aplicar la sanción de pérdida del derecho a recibir contribuciones, subsidios y todo recurso de financiamiento público anual por el plazo de un año. En términos sencillos: el partido se queda sin la "caja" que el Estado otorga para su funcionamiento institucional en La Pampa.
Pero hay algo más que debería preocupar a la conducción de Adrián Ravier. En el punto tercero de su resolución, el magistrado ordenó formar una causa por separado para que el Ministerio Público Fiscal evalúe la conducta de los responsables partidarios. Esto significa que lo que empezó como una falta administrativa podría derivar en una investigación penal contra quienes firmaron y gestionaron esos fondos sin control.
El fallo subraya que el patrimonio de un partido es de carácter "público" y su control debe ser estricto porque está en juego la transparencia del sistema democrático.
