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EL DIARIO digital
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Un clima de profunda indignación se vivió a primera hora de la mañana de este martes en el Barrio El Amanecer, en el sector norte de la capital pampeana. Vecinos de la zona y referentes sociales denunciaron públicamente que cuadrillas municipales, equipadas con maquinaria pesada, irrumpieron en el sector para derribar de manera completa una vivienda precaria en la que residía una mujer junto a sus hijos.
Según relataron los propios denunciantes, el operativo comenzó alrededor de las 6:00 horas, un horario que consideraron "intempestivo". Las máquinas avanzaron sobre la estructura, descrita como un "rancho humilde" levantado por la familia ante la imposibilidad material de acceder a un alquiler o a un plan oficial de vivienda.
"Vinieron a tirarle el rancho a una compañera y sus hijos, derribando el lugar donde una familia intentaba sobrevivir ante la falta de acceso a una vivienda digna", expresaron.
La denuncia pública apuntó de forma directa contra el Ejecutivo municipal de Santa Rosa, trazando además un duro paralelismo político. "La Municipalidad es responsable de este atropello. Estas acciones no se diferencian en nada de las políticas de derecha que lleva adelante el Gobierno Nacional: en lugar de dar respuestas al déficit habitacional, golpean a quienes menos tienen", fustigaron los vecinos, quienes exigieron la renuncia inmediata de todos los funcionarios involucrados en la orden de desalojo.
Asimismo, los damnificados identificaron al gerente del Ente Municipal de Salubridad de Higiene Urbana (EMSHU), Emanuel Ganora, como el funcionario a cargo de supervisar las tareas de demolición en el terreno.
De acuerdo al testimonio de los ocupantes, Ganora estuvo presente en el lugar "verificando y constatando que tiraran el rancho". Las organizaciones recordaron, además, que el funcionario ya mantiene un historial de rispideces con los vecinos del sector, señalándolo como el responsable de haberlos denunciado penalmente en ocasiones anteriores cuando realizaron protestas vecinales en reclamo de saneamiento ambiental y el derecho a vivir en un entorno saludable.
Hasta el momento, las autoridades municipales no han emitido un descargo oficial respecto a las razones legales o ambientales que motivaron el procedimiento de urgencia en el asentamiento. En tanto, las familias afectadas permanecen en el lugar en estado de alerta, bajo la premisa de que "la vivienda digna es un derecho y no un privilegio".
