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EL DIARIO digital
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El Gabinete provincial salió a responder en bloque a las declaraciones de la diputada provincial Noelia Sosa sobre el proceso vinculado al yacimiento El Medanito y rechazó sus cuestionamientos al informe ambiental presentado por PCR, al saneamiento de pozos abandonados y a la actuación de los funcionarios encargados del control.
A través de un documento suscripto por la totalidad de ministras, ministros, secretarias y secretarios de Estado, además de Fiscalía de Estado y Asesoría Letrada de Gobierno, el Ejecutivo sostuvo que las objeciones de la legisladora "solo pueden atribuirse" a un "profundo desconocimiento" del procedimiento administrativo, técnico y ambiental en curso, o a una decisión de "prestarse a intereses políticos" para "embarrar un proceso transparente, participativo y ajustado a derecho".
El comunicado remarcó que la Audiencia Pública fue convocada precisamente para garantizar la participación ciudadana, recibir observaciones y permitir el análisis técnico de la documentación antes de que la autoridad competente adopte una decisión definitiva.
En ese sentido, el Gobierno provincial afirmó que los puntos señalados por Sosa entre ellos pendientes en el cronograma ejecutivo, costos integrales en revisión y garantías de ejecución en evaluación no constituyen irregularidades, sino aspectos que las autoridades de aplicación mantienen abiertos y bajo análisis.
"No son irregularidades descubiertas por la legisladora: son los puntos que el Estado provincial no cerró porque no los validó técnicamente. Eso no es una falla del control; es la prueba de que el control está funcionando", sostuvo el documento.
El Gabinete aseguró además que la Provincia "no aprueba lo que no verifica" y que no firmará un IFA que no cumpla con cada uno de los estándares exigidos por la normativa vigente.
El texto también cuestionó el pedido de investigar posibles responsabilidades de funcionarios de control antes de que concluya el proceso administrativo. Para el Ejecutivo, ese planteo "revela más una estrategia de hostigamiento político que una preocupación técnica genuina".
Desde el Gobierno provincial insistieron en que la transparencia del proceso está dada por la existencia de instancias institucionales como la Audiencia Pública, donde las observaciones son incorporadas al expediente y evaluadas técnicamente. En ese marco, cuestionaron que se intente convertir ese ámbito en "una tribuna para acusaciones políticas".
El comunicado también recordó que la denuncia presentada por Sosa ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas por el proceso licitatorio de El Medanito fue archivada y señaló que ningún integrante de su bloque, ni de otros bloques, acompañó aquella judicialización.
"El Gabinete Provincial rechaza categóricamente estas denuncias infundadas que solo persiguen desplegar un manto de sospechas sin sustento alguno sobre procedimientos, organismos y funcionarios que actúan dentro del marco legal y administrativo vigente", indicó el documento.
Finalmente, el Ejecutivo provincial aseguró que continuará actuando "con la misma rigurosidad que caracterizó todo el proceso" y sostuvo que el objetivo es garantizar que la remediación "se ejecute, se documente y se verifique" en defensa del ambiente y de los intereses de La Pampa.
El documento cerró con un respaldo unánime de todo el Gabinete a los organismos intervinientes, a los procedimientos administrativos y técnicos en curso, y al compromiso del Gobierno provincial con "la transparencia, la legalidad, la participación ciudadana y la defensa de los intereses de la Provincia".