Almacenes de ramos generales: una invitación a viajar por la historia pampeana
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EL DIARIO digital
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La Sala 3 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Santa Rosa confirmó la verificación de un crédito laboral por $66.071.282,88 más intereses a favor de 39 extrabajadores del Frigorífico General Acha, en un fallo que vuelve a poner en primer plano uno de los conflictos laborales más prolongados de la provincia.
La resolución, firmada por las juezas Carina Mariana Ganuza y Laura Cagliolo, rechazó los recursos planteados por la empresa Frigorífico General Acha S.A. y ratificó la sentencia que había reconocido el crédito reclamado por los operarios despedidos tras el cierre de la planta en marzo de 2017.
El monto corresponde al saldo de las indemnizaciones que continuó siendo reclamado judicialmente por un grupo de trabajadores luego de los acuerdos alcanzados en su momento en la Subsecretaría de Relaciones Laborales.
El rechazo al planteo de la empresa
Uno de los puntos centrales de la apelación presentada por Frigorífico General Acha S.A. era que el reclamo estaba prescripto.
La firma sostuvo que, al haberse decretado la quiebra en junio de 2020, los trabajadores habían dejado vencer los plazos para presentarse a verificar sus créditos.
Sin embargo, la Cámara descartó ese argumento. Las juezas recordaron que los extrabajadores venían tramitando un juicio laboral que obtuvo firmeza con posterioridad y que la Ley de Concursos y Quiebras les otorgaba seis meses desde esa firmeza para presentarse a verificar el crédito, plazo que fue cumplido correctamente.
De esta manera, el tribunal confirmó la validez del reclamo y dejó firme el reconocimiento de la deuda.
Una historia que comenzó en 2017
El conflicto se remonta al cierre del frigorífico y al despido de 127 trabajadores ocurrido en marzo de 2017, en medio de una profunda crisis empresarial.
A partir de entonces comenzó una extensa batalla judicial que incluyó un concurso preventivo, la posterior declaración de quiebra en 2020 y diversos reclamos laborales impulsados por los empleados despedidos.
En febrero de 2020, un grupo de 39 trabajadores obtuvo una sentencia favorable que reconoció sus indemnizaciones. Sin embargo, la quiebra de la empresa obligó a iniciar nuevas actuaciones para incorporar formalmente esos créditos al proceso falencial.
El camino judicial incluyó incluso un recurso extraordinario que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que finalmente fue rechazado por cuestiones formales, por lo que la discusión continuó en los tribunales provinciales.
La quiebra, la reapertura y la deuda pendiente
En 2020 el Juzgado Civil de General Acha decretó la quiebra del Frigorífico General Acha S.A. a pedido de un acreedor comercial.
Posteriormente, la planta fue alquilada por 30 años a Industrias Cárnicas San Miguel S.A., firma que impulsó su reactivación. Finalmente, a fines de 2023 la Justicia aprobó un avenimiento que permitió levantar la quiebra y devolver a la sociedad la administración de sus bienes.
Actualmente la planta se encuentra nuevamente en actividad, aunque operada por una empresa arrendataria independiente de la antigua conducción que protagonizó el conflicto laboral.
El fallo de la Cámara explica que, al concluir la quiebra mediante avenimiento, se efectuaron reservas destinadas a garantizar los créditos que permanecían pendientes de verificación.
No obstante, la resolución no determina si esos fondos serán suficientes para afrontar la totalidad de los más de 66 millones de pesos reconocidos a los trabajadores.
Por esa razón, aunque la deuda quedó oficialmente reconocida por la Justicia, todavía resta definir el mecanismo mediante el cual los extrabajadores podrán efectivizar el cobro de las indemnizaciones que reclaman desde hace casi nueve años.
Honorarios
La Cámara también hizo lugar al recurso presentado por el abogado de los trabajadores, Javier Horacio Díaz, y elevó sus honorarios del 2% al 15% del monto verificado, al considerar que la regulación realizada en primera instancia no reflejaba adecuadamente la complejidad y extensión del proceso judicial.
