Presentaron el relevamiento completo de pozos y plan de intervención de El Medanito
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EL DIARIO digital
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La Dirección General de Defensa del Consumidor intensificó sus tareas de fiscalización durante la primera mitad del año, concretando 92 sanciones contra empresas locales y nacionales que vulneraron los derechos de los usuarios. Las resoluciones, oficializadas este viernes en el Boletín Oficial, fueron destacadas por el ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández, quien subrayó el rol fundamental del organismo para mantener el equilibrio en el mercado.
"El área de Defensa del Consumidor está para defender los derechos de los usuarios y garantizar el equilibrio en el mercado, sobre todo en momentos de tanta vulnerabilidad para los consumidores", sostuvo Fernández. El funcionario recordó que los damnificados pueden canalizar sus denuncias tanto en los municipios como a través de la plataforma digital, herramienta que agiliza el trámite para resguardar la economía de los pampeanos frente a posibles abusos o fraudes.
Entre los sectores con mayor cantidad de infracciones se encuentran los servicios financieros, los planes de ahorro para vehículos, las agencias de turismo, el sector de transporte y aerolíneas, y los fabricantes de casas prefabricadas. También se registraron sanciones en compañías de telefonía, plataformas de venta online de indumentaria y comercios especializados en electrodomésticos.
Procedimiento administrativo y criterios de sanción
El marco regulatorio de la Ley 24.240 establece un proceso dividido en dos instancias. La primera es la mediación, donde el organismo fomenta la resolución del conflicto mediante audiencias de conciliación, logrando el archivo del expediente si las partes alcanzan un acuerdo. En caso de no existir consenso, se inicia la etapa sumarial, donde la Provincia analiza posibles violaciones a la normativa vigente, permitiendo el ejercicio del derecho constitucional de defensa por parte de las empresas involucradas.
El cálculo de las multas se determina tras evaluar variables como el tipo de infracción, el perjuicio causado al cliente, la capacidad económica de la empresa —distinguiendo entre firmas locales, nacionales o multinacionales— y la existencia de antecedentes previos de incumplimiento en el organismo.
