Otro pedido de postergar la audiencia pública por el loteo sobre el acuífero

A pocos días de la audiencia pública convocada para debatir el proyecto de loteo impulsado por el fideicomiso SRR sobre el acuífero estratégico Santa Rosa-Anguil, continúan sumándose voces que reclaman la postergación de la instancia participativa.

Ahora trascendió que también el Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y la organización Mujeres por la Solidaridad presentaron pedidos formales para suspender la audiencia prevista para el próximo 16 de junio y convocarla nuevamente en condiciones que permitan una participación más amplia de la ciudadanía.

Los planteos coinciden con los ya formulados por la Intersindical de gremios estatales y la Fundación Chadileuvú (Fuchad), que cuestionaron la escasa difusión de la convocatoria, los plazos reducidos para acceder a la documentación técnica y la dificultad para que vecinos, organizaciones e instituciones puedan analizar adecuadamente un proyecto que podría tener impactos sobre el principal reservorio de agua subterránea de la región.

Las organizaciones sostienen que la magnitud del emprendimiento y la sensibilidad ambiental del área justifican una discusión pública más extensa y con mayores garantías de acceso a la información.

Los participantes

Pese a los cuestionamientos, el miércoles cerró el plazo de inscripción para participar como expositor en la audiencia pública y la viceintendenta Romina Montes de Oca ratificó su realización.. De acuerdo con el acta de la audiencia, al menos 18 personas y organizaciones confirmaron su participación.

Entre los anotados figuran la Caja Forense; Raúl Crespillo; Jorge Picco, por el fideicomiso SRR; el geólogo Gustavo Frabregas, contratado por los desarrolladores; Betty Dillon, por la Fundación Chadileuvú; Leticia García, integrante del Equipo de Geografía Urbana de la Universidad Nacional de La Pampa; Mirta Viola, por el Sindicato de Trabajadores de la Sanidad Pampeana; Gustavo Rodríguez, por la CTA de los Trabajadores; Iñaki Esponda y Carla Suárez, por la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT).

También se anotaron el exintendente Leandro Altolaguirre; la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN); y José "Chamaco" Lastiri, exsecreteario de Recursos Hídricos.

También están en la nómina Matias Hirch (Geologo Fideicomiso SSR), Bruno Nocelli (SSR,) Diego Nuñez (SRR) y Victor Sesma. El secretario de Recursos Hídricos de la provincia, José Gobi, fue invitado por el Concejo para exponer.

La audiencia pública fue convocada por el Concejo Deliberante de Santa Rosa para analizar el proyecto de urbanización que impulsa el fideicomiso SRR en terrenos ubicados al sur de la ciudad, sobre una zona considerada estratégica para la recarga y protección del acuífero Santa Rosa-Anguil.

Aunque la audiencia no tendrá carácter vinculante, su resultado será incorporado al expediente que luego deberán analizar los concejales antes de resolver si habilitan o no el desarrollo urbanístico.

El informe favorable del Ejecutivo

El intendente Luciano di Nálpoli, además, envió un informe técnico elaborado por el área de Obras Públicas, favorable para la prouestea de los desarrolladores inmobiliarios.

El documento al que accedió El Diario, firmado el pasado 22 de mayo por el secretario de Obras Públicas, Walter Boneff, fue remitido al Concejo como un "aporte" para el análisis del expediente antes de la audiencia pública convocada para el próximo 16 de junio.

Según el informe, "el proyecto incorpora condiciones técnicas que, en términos comparativos, resultan más exigentes que las previstas por el Código para los distritos residenciales estándar y para el régimen general de cesiones", además de contemplar la intervención técnica de organismos provinciales vinculados al control del recurso hídrico. El funcionario también sostuvo que el procedimiento administrativo seguido "cumple estrictamente con la normativa municipal y provincial vigente".

El informe fue elaborado para acompañar el tratamiento del expediente que propone reclasificar el predio del club de Área de Urbanización Futura (AUF 9b) a Área de Urbanización Prioritaria (AUP), condición indispensable para habilitar el desarrollo inmobiliario.

Boneff señala que el trámite se ajusta al Código Urbano Ambiental vigente y recuerda que, al encontrarse el terreno sobre el acuífero, la reclasificación requiere una mayoría especial de dos tercios de los votos del Concejo Deliberante.

Además, remarca que el nuevo Código Urbano Ambiental, aprobado en 2023, incorporó mayores controles institucionales para este tipo de iniciativas, incluyendo la audiencia pública obligatoria, la intervención del Concejo y la evaluación de impacto ambiental provincial.

"El procedimiento actualmente en curso no rompe la tradición de protección del acuífero: la formaliza e institucionaliza con controles más estrictos que los que existían anteriormente", sostiene el documento.

La última palabra de la provincia

El informe también destaca que la legislación provincial obliga a que el proyecto sea evaluado por la Secretaría de Recursos Hídricos.

Entre los requisitos exigidos figuran la realización de estudios hidrogeológicos, la conformación de consorcios de usuarios, sistemas de monitoreo de aguas subterráneas, la aprobación de las soluciones de saneamiento y la validación final de la Provincia.

Según Boneff, la participación de Recursos Hídricos resulta necesaria dentro del proceso de audiencia pública previsto para junio.

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