Convocatoria pública para la adopción de una niña de siete años en La Pampa
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EL DIARIO digital
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Los diputados provinciales Sandra Fonseca y Maximiliano Aliaga, de Comunidad Organizada, presentaron una impugnación formal ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas solicitando la suspensión de la Audiencia Pública convocada para el próximo 12 de junio en la localidad de 25 de Mayo, vinculada al área hidrocarburífera El Medanito.
La presentación, también fue puesta en conocimiento de la Cámara de Diputados de La Pampa y del gobernador de la provincia, Sergio Ziliotto, interpreta que la convocatoria presenta "graves irregularidades legales y administrativas que afectan la validez del procedimiento y vulneran el derecho de participación ciudadana".
Señalaron que la audiencia ha sido convocada por un organismo sin competencia legal para hacerlo, ya que la legislación ambiental provincial atribuye dicha facultad al Ente de Políticas Ambientales y no a la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático.
En el Edicto publicado para la convocatoria a Audiencia por parte de la titular de la Secretaria de Ambiente "se advierte que el objeto de la audiencia resulta irregular, debido a que se pretende someter a consideración pública un supuesto Informe Final Ambiental elaborado unilateralmente por la empresa concesionaria, cuando la normativa establece que dicho informe debe ser realizado por la Autoridad Ambiental Provincial", dice el tiernismo.
La impugnación también expone que "hubo reconocimiento por parte de las autoridades encargadas de la fiscalización incumplimientos previos de las obligaciones de control ambiental en el área Medanito, previstas en la legislación provincial y nacional, lo que impediría contar con la información técnica necesaria para garantizar una evaluación transparente y objetiva sobre el estado ambiental del área".
Otro de los puntos centrales, dicen, es la restricción a la participación ciudadana. Según se denuncia, la Audiencia fue organizada sin mecanismos de participación virtual, obligando a los interesados a tener que trasladarse hasta la localidad de 25 de Mayo para intervenir solo de manera presencial, limitando de hecho el acceso a participar de la Audiencia de ciudadanos interesados, organizaciones ambientales, instituciones académicas y representantes políticos interesados en el proceso.
En este sentido, Comunidad Organizada sostuvo que "la medida contradice los principios de participación amplia, acceso a la información pública y transparencia consagrados tanto en la legislación ambiental argentina como en el Acuerdo de Escazú, tratado internacional ratificado por nuestro país".
"Aquí lo que se cuestiona no es la realización de una audiencia pública, sino que ésta se lleve adelante respetando la ley, con información ambiental producida por las autoridades competentes y garantizando la participación plena de toda la ciudadanía", señalaron.
Por estos motivos, solicitaron a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas que intervenga de manera urgente y disponga la suspensión de la audiencia convocada, hasta tanto se corrijan las irregularidades denunciadas y se garantice un procedimiento ajustado a derecho, transparente y verdaderamente participativo.
