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Di Nápoli envió al Concejo un informe técnico favorable al proyecto del Santa Rosa Rugby Club

El intendente envió el viernes al Concejo un informe técnico como aporte antes de la audiencia pÃblica
El intendente envió el viernes al Concejo un informe técnico, como "aporte" antes de la audiencia pública.
El documento, elaborado por la Secretaría de Obras Públicas, fue enviado al Concejo el viernes último. Sostiene que cumple con la normativa vigente, prevé exigencias ambientales más estrictas que las habituales y debe ser evaluado por organismos provinciales antes de su aprobación definitiva.

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EL DIARIO digital

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El intendente de Santa Rosa, Luciano Di Nápoli, envió al Concejo Deliberante un informe técnico elaborado por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, que avala la viabilidad del proyecto urbanístico impulsado por el Santa Rosa Rugby Club, que prevé la creación de 177 parcelas en un predio ubicado en la zona este de la ciudad, sobre el acuífero Anguil-Santa Rosa.

El documento al que accedió El Diario, firmado el pasado 22 de mayo por el secretario de Obras Públicas, Walter Boneff, fue remitido el viernes último a la presidenta del cuerpo deliberativo, Romina Montes de Oca, como un "aporte" para el análisis del expediente antes de la audiencia pública convocada para el próximo 16 de junio.

Según el informe, "el proyecto incorpora condiciones técnicas que, en términos comparativos, resultan más exigentes que las previstas por el Código para los distritos residenciales estándar y para el régimen general de cesiones", además de contemplar la intervención técnica de organismos provinciales vinculados al control del recurso hídrico. El funcionario también sostuvo que el procedimiento administrativo seguido "cumple estrictamente con la normativa municipal y provincial vigente".

Cambio de categoría urbana

El informe fue elaborado para acompañar el tratamiento del expediente que propone reclasificar el predio del club de Área de Urbanización Futura (AUF 9b) a Área de Urbanización Prioritaria (AUP), condición indispensable para habilitar el desarrollo inmobiliario.

Boneff señala que el trámite se ajusta al Código Urbano Ambiental vigente y recuerda que, al encontrarse el terreno sobre el acuífero, la reclasificación requiere una mayoría especial de dos tercios de los votos del Concejo Deliberante.

Además, remarca que el nuevo Código Urbano Ambiental, aprobado en 2023, incorporó mayores controles institucionales para este tipo de iniciativas, incluyendo la audiencia pública obligatoria, la intervención del Concejo y la evaluación de impacto ambiental provincial.

"El procedimiento actualmente en curso no rompe la tradición de protección del acuífero: la formaliza e institucionaliza con controles más estrictos que los que existían anteriormente", sostiene el documento.

Intervención provincial

El informe también destaca que la legislación provincial obliga a que el proyecto sea evaluado por la Secretaría de Recursos Hídricos.

Entre los requisitos exigidos figuran la realización de estudios hidrogeológicos, la conformación de consorcios de usuarios, sistemas de monitoreo de aguas subterráneas, la aprobación de las soluciones de saneamiento y la validación final de la Provincia.

Según Boneff, la participación de Recursos Hídricos resulta necesaria dentro del proceso de audiencia pública previsto para junio.

Las características del proyecto

El documento sostiene que la urbanización contempla parámetros más restrictivos que los previstos para los desarrollos residenciales convencionales.

Entre ellos menciona una densidad máxima de 50 habitantes por hectárea, por debajo de los mínimos establecidos para otros distritos residenciales; la prohibición de viviendas multifamiliares; lotes de al menos 600 metros cuadrados; y una altura máxima de nueve metros.

También prevé construcciones de bajo impacto ambiental, recuperación y aprovechamiento de agua de lluvia, forestación con especies autóctonas y una ocupación reducida de la superficie construida.

En materia de infraestructura, el proyecto incluye redes de agua potable, planta compacta de tratamiento de líquidos cloacales y obras de drenaje pluvial sujetas a estudios de balance hídrico.

Cesiones y espacios públicos

Otro de los puntos destacados es la cesión de espacios para uso público. El informe destaca que mientras que el Código Urbano Ambiental exige para este tipo de desarrollos una cesión de entre el 15% y el 30% de la superficie, el proyecto propone destinar el 39,47% del inmueble a espacios verdes, plazas, equipamiento comunitario y al reconocimiento del Santa Rosa Rugby Club como equipamiento deportivo público preexistente.

El texto también aclara que la obligación de ceder tierras al Banco Municipal de Tierras no resulta aplicable en esta instancia, ya que esa exigencia corresponde únicamente a determinadas áreas ya clasificadas como Urbanización Prioritaria con superficie superior a 5 hectáreas, en las que el Código destina el 30% de la cesión total a ese fin. En las AUF la norma no contempla cesión al Banco de Tierras, iprecisó.

El debate por el acuífero

El informe reconoce que el sistema acuífero Anguil-Santa Rosa fue declarado recurso estratégico por la Provincia y menciona estudios que vinculan el deterioro de algunos sectores con desarrollos urbanos realizados sin planificación ni infraestructura adecuada.

No obstante, sostiene que el proyecto del Santa Rosa Rugby Club incorpora medidas de control y saneamiento que buscan evitar esos impactos. 

El funcionario destacó que la iniciativa incluye infraestructura de agua potable y saneamiento, estudios de balance hídrico, construcciones de bajo impacto ambiental y sistemas de aprovechamiento de agua de lluvia. Además, remarcó que el proyecto deberá superar la correspondiente Evaluación de Impacto Ambiental antes de avanzar en su ejecución.

"El proyecto incorpora condiciones técnicas que, en términos comparativos, resultan más exigentes que las previstas por el Código para los distritos residenciales estándar y para el régimen general de cesiones, y contempla desde su diseño la concurrencia técnica de la Provincia", evaluó.

Finalmente, Boneff afirmó que la audiencia pública del 16 de junio será "el ámbito institucional adecuado" para que especialistas, universidades, colegios profesionales y organizaciones de la sociedad civil aporten elementos que permitan a los concejales adoptar "una decisión informada".

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