La Pampa terminó el 71% de las viviendas que la Nación abandonó 

La presidenta del Instituto Provincial de la Vivienda y Ordenamiento Urbano (IPAV) de La Pampa, Erica Riboyra, expuso este miércoles ante la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano de la Cámara de Diputados de la Nación y describió el severo impacto que tuvo en la provincia la decisión del gobierno nacional de retirarse de la construcción de viviendas al inicio de la actual gestión.

"Comenzar la gestión con una decisión del gobierno nacional de retirarse de la construcción de viviendas fue sumamente desagradable porque tuvimos que tomar decisiones de un día para el otro", señaló Riboyra ante los legisladores.

La funcionaria explicó que La Pampa tenía contratos firmados con la Nación por 953 viviendas del programa Casa Propia, que debían ser financiadas íntegramente por el Estado nacional, mientras que la provincia aportaría la infraestructura. A ese número se sumaron 636 unidades del programa Procrear, lo que llevó a más de 1.600 las viviendas paralizadas de un día para el otro.

Las obras detenidas, señaló Riboyra, no solo afectaron a las familias con un proyecto de vida truncado, sino que también golpearon a los municipios, a las pymes y al comercio local. "A nosotros nos quedó mucha gente sin trabajo de un día para el otro", advirtió, y remarcó que quienes perdieron la posibilidad de acceder a una vivienda social tampoco encontraron respuesta en el mercado inmobiliario ni en el crédito hipotecario.

Las 953 viviendas del programa Casa Propia estaban distribuidas en 18 localidades de la provincia e involucraban a 13 empresas pampeanas. Las del Procrear alcanzaban a tres localidades y cinco empresas.

"La vivienda no puede ser solo una variable económica"

Frente a ese escenario, el gobierno provincial decidió hacerse cargo. Riboyra informó que, gracias a una política de equilibrio fiscal sostenida, La Pampa pudo finalizar al día de hoy el 71 por ciento de las viviendas del programa Casa Propia cuyos fondos nacionales estaban comprometidos. Sin embargo, la proporción del esfuerzo es contundente: por cada vivienda finalizada, la Nación aportó un peso y la provincia nueve.

Además de completar las obras paralizadas, la provincia avanzó con construcciones financiadas con fondos propios en distintas localidades y creó el programa "Llegar a Casa", destinado a familias o personas que poseen un terreno y necesitan financiamiento para construir su vivienda.

En el tramo final de su exposición, Riboyra planteó una posición conceptual clara sobre el rol del Estado en materia habitacional. "Cuando el Estado se corre del rol de construcción de vivienda, no aparece mágicamente el mercado inmobiliario a solucionar ese problema", sostuvo.

Para la funcionaria pampeana, la vivienda tiene en la provincia "un rol estratégico y de desarrollo humano", una concepción que definió como opuesta a la de un bien individual o financiero.

"Son muchos los pampeanos y son muchos los argentinos que tienen que tener la posibilidad de seguir construyendo un proyecto de vida con esfuerzo y con sacrificio, pero que les asegure un futuro mejor", concluyó, y llamó a los legisladores a trabajar en un proyecto de vivienda "que incluya a todos los argentinos".