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EL DIARIO digital
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El PRO La Pampa y la Fundación Pensar cuestionaron con dureza la implementación del sistema C.A.B.I. (Control Automático de Bases Imponibles) aplicado por la Dirección General de Rentas provincial y lo calificaron como "un nuevo robo a los pampeanos". Además, reclamaron la eliminación urgente del mecanismo y denunciaron que genera "abuso de poder" sobre comerciantes, productores y pymes.
A través de un comunicado difundido este viernes, desde el espacio opositor señalaron que "nuestra sociedad ha decidido hacer un esfuerzo superlativo, a efectos de sacar a nuestro país del estancamiento y la pobreza", pero advirtieron que ese sacrificio "no tendrá los efectos deseados si no es comprendido por quienes administran el Estado Provincial".
En ese sentido, cuestionaron la presión tributaria provincial y afirmaron que "han aplicado y aplican una presión impositiva descomunal sobre la economía del sector privado".
El documento apunta especialmente contra el sistema C.A.B.I., implementado mediante la Resolución General 20/2025 de la Dirección General de Rentas, publicada el 26 de diciembre de 2025. Según sostuvieron, el mecanismo "utiliza presunciones automáticas y coeficientes arbitrarios que están afectando a comerciantes, productores, profesionales y pymes pampeanas".
Desde la mesa de economía de la Fundación Pensar La Pampa afirmaron que muchos contribuyentes enfrentan "bloqueos para obtener certificados de cumplimiento fiscal, dificultades para compensar saldos a favor, dificultades para obtener guías y cartas de porte y trabas administrativas que afectan directamente su actividad económica".
También advirtieron sobre un supuesto cambio en la carga de la prueba. "Nos preocupa especialmente que el sistema invierta la carga de la prueba y obligue al ciudadano a demostrar permanentemente que 'no cometió errores', aún cuando haya cumplido con sus obligaciones tributarias", expresaron.
El comunicado sostiene además que quienes quedan incluidos en el sistema enfrentan un "callejón sin salida procedimental", ya que el "nivel de riesgo" asignado impediría realizar reclamos, obtener certificados de libre deuda o incluso dar de baja actividades comerciales.
"Lo que se traduce en una trampa: o el contribuyente acepta las presunciones del fisco corrigiendo sus declaraciones a las pretensiones fiscales o se inhabilita para poder seguir realizando su actividad", indicaron.
En paralelo, informaron que el diputado provincial del PRO, Enrique Juan, junto al bloque Pro-MID, presentó un pedido de informes y solicitó la presencia de funcionarios del Ministerio de Hacienda en la Legislatura para que brinden explicaciones sobre la implementación del sistema.
Finalmente, desde el PRO y la Fundación Pensar reclamaron "la eliminación urgente del sistema" y la apertura de "una mesa técnica e institucional amplia con participación de entidades profesionales y sectores productivos".
"La modernización tecnológica del Estado debe servir para simplificar y transparentar, no para generar más presión, incertidumbre y burocracia sobre quienes producen y generan empleo", concluyeron.