La Pampa sumó respaldo legislativo al planteo judicial contra la reforma de la Ley de Glaciares

La Cámara de Diputados de La Pampa aprobó este jueves, por mayoría, una resolución que expresa respaldo político e institucional a la acción de amparo colectivo ambiental impulsada por el Poder Ejecutivo provincial ante la Justicia Federal para pedir la declaración de inconstitucionalidad, inconvencionalidad y nulidad absoluta de la Ley Nacional 27.804, que modificó la Ley de Glaciares.

La iniciativa recibió el acompañamiento de los bloques del Frejupa, la UCR y el PRO, mientras que fue rechazada por Comunidad Organizada.

Durante el debate, el diputado Hernán Pérez Araujo explicó que el proyecto legislativo había sido presentado el 10 de abril, un día después de que el Gobierno provincial interpusiera la demanda ante el Juzgado Federal de Santa Rosa.

"Entendimos que era necesario manifestar el apoyo político e institucional a esa acción judicial", sostuvo el legislador, quien remarcó que el expediente parlamentario atravesó el procedimiento habitual, con tratamiento en comisión y posterior incorporación al orden del día de la sesión.

Pérez Araujo consideró además que el respaldo institucional "debió haber estado antes" y destacó que la presentación judicial no solo cuenta con el acompañamiento del Gobierno de La Pampa, sino también de la Universidad Nacional de La Pampa, la Fundación Chadileuvú y la Asamblea por los Ríos Pampeanos.

En su exposición, el diputado sostuvo que la defensa de los recursos hídricos constituye "una política de Estado" para la provincia y cuestionó las modificaciones introducidas a la Ley Nacional de Glaciares. Recordó que la norma original, la Ley 26.639, "no había tenido objeciones de ningún tipo" desde su sanción en 2010 y señaló que incluso la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya se había pronunciado sobre su constitucionalidad frente a planteos impulsados por empresas extractivistas.

También apuntó contra el procedimiento legislativo nacional que derivó en la aprobación de la nueva ley y afirmó que existieron "incumplimientos procesales" que, a su criterio, "tornan la ley nula, de nulidad insanable". Entre los cuestionamientos mencionó la realización de audiencias públicas que consideró "insuficientes" frente a la inscripción de más de 107 mil personas interesadas en participar.

Otro de los ejes del discurso estuvo centrado en el denominado "federalismo de concertación". Según explicó Pérez Araujo, la nueva normativa transfiere a las provincias facultades que anteriormente ejercía el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, organismo encargado de determinar las áreas glaciares y periglaciares protegidas.

"Poner en manos de provincias como Mendoza y San Juan la definición de qué se protege y qué no es como poner al zorro a cuidar a las gallinas", expresó el legislador, al advertir sobre el impacto que esas decisiones podrían tener sobre las cuencas hídricas compartidas con La Pampa.

En otro tramo de su intervención, defendió la competencia del Juzgado Federal de Santa Rosa para intervenir en el amparo colectivo y rechazó las críticas vinculadas a una supuesta búsqueda de "jueces amigos" por parte del Gobierno provincial.

"El juez federal de Santa Rosa es el juez que tenemos y respetamos su investidura", afirmó.

Además, recordó que el magistrado rechazó la medida cautelar solicitada en el expediente, decisión que fue apelada ante la Cámara Federal de Bahía Blanca. En ese contexto, indicó que el amparo colectivo ya reúne cerca de "900 mil firmantes" de organizaciones ambientalistas y ciudadanos de distintos puntos del país.

Sobre el cierre, Pérez Araujo lamentó que la resolución no hubiera sido aprobada por unanimidad y sostuvo que "tal vez hubiese permitido darle mayor fortaleza institucional" al planteo judicial. También afirmó que la cuestión ambiental "debe abordarse con responsabilidad política y jurídica".