Estrellas Amarillas impulsa la agenda de seguridad vial en Diputados
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EL DIARIO digital
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El juicio por la explotación sexual en el exprostíbulo "El Delfín", que durante 15 años sorteó nulidades y prescripciones, llegó a un final abrupto y definitivo. En una audiencia de visado realizada en las últimas horas, Marta Arminda Silva decidió abandonar su estrategia de defensa técnica y firmó un juicio abreviado, admitiendo ser coautora del delito de trata de personas.
Con esta firma, el cronograma de audiencias que estaba previsto para este lunes 11, miércoles 13 y jueves 14 de mayo quedó oficialmente suspendido. La imputada, que inicialmente enfrentaba la posibilidad de una condena mayor en un juicio abierto, optó por la certeza de un acuerdo que le garantiza una pena morigerada a cambio de la confesión.
El cierre de una era judicial
La resolución del caso mediante un abreviado pone fin a una de las causas más simbólicas de la ruta 152. Tras la anulación de su absolución original de 2018 y el sobreseimiento de su hijo por prescripción la semana pasada, el escenario para Silva era complejo, especialmente ante la citación de cinco profesionales que estaban listas para ratificar la situación de vulnerabilidad de las víctimas.
Al admitir los hechos, Silva evita que los testimonios de las asistentes sociales y psicólogas se ventilen en el debate oral, pero asume una condena que ahora deberá ser homologada por el Tribunal Oral Federal de Santa Rosa.
Los alcances del acuerdo
Si bien los términos específicos de la pena se conocerán con la sentencia de homologación, el acuerdo implica:
Reconocimiento del delito: Silva admite haber formado parte de la estructura de captación y explotación en General Acha.
Cierre definitivo: Al ser un juicio abreviado, la imputada renuncia a futuras apelaciones sobre la cuestión de fondo, dando por terminada una batalla legal de una década y media.
Impacto institucional: Para la fiscalía, el acuerdo representa una condena efectiva en un caso que estuvo a punto de caerse por el paso del tiempo, logrando una respuesta judicial antes de que la acción penal se declarara insubsistente.
Tras 15 años de "vueltas" en los pasillos de la justicia federal, la dueña de "El Delfín" finalmente asumió su responsabilidad penal, cerrando así el capítulo judicial de una de las casas de tolerancia más emblemáticas de la provincia.
