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EL DIARIO digital
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General Pico (Agencia) - El conflicto por el traslado de los niños en edad escolar que residen en asentamientos al costado de las vías hacia la escuela de Metileo dejó al descubierto una preocupante trama de contradicciones, desconocimiento territorial y ataques personales por parte del Ejecutivo local.
Tras semanas de incertidumbre para una familia en situación de extrema vulnerabilidad, el intendente Carlos Marchisio anunció finalmente una solución tras reunirse con el Ministerio de Educación. Sin embargo, la resolución del conflicto no logró tapar las grietas de un discurso oficial plagado de inconsistencias que el docente Leonel Argüello, protagonista y testigo directo de la situación, se encargó de desmoronar punto por punto.
Uno de los ejes más polémicos y reveladores de la gestión de Marchisio radica en su desconocimiento —o manipulación deliberada— de los límites geográficos de su propia jurisdicción. En un intento por deslindar responsabilidades, el jefe comunal afirmó inicialmente que los niños afectados no vivían en el ejido municipal, llegando incluso a comunicarle a la madre de los menores que el asentamiento correspondía a la jurisdicción de General Pico. Esta afirmación no solo es falsa, sino que colisiona con los mapas oficiales de la provincia de La Pampa.
Según la delimitación establecida, la jurisdicción de General Pico finaliza en la Ruta Provincial 3 (que conecta la RP 102 con la RP 4). Para que cualquier vecino lo comprenda visualmente: el límite de General Pico llega hasta donde termina la histórica arboleda de eucaliptos a la vera de la Ruta 102. El asentamiento ferroviario donde reside la familia se algunos kilómetros más adelante, camino a Metileo.
Lo más insólito es que el propio Marchisio se contradijo en cuestión de segundos durante una entrevista radial: tras negar que los niños pertenecieran a su ejido, admitió poco después tener "relevado el asentamiento en el ejido de Metileo", reconociendo incluso la existencia de otros dos núcleos habitacionales en la zona.
La réplica del docente
Frente a este escenario, la voz de Leonel Argüello, docente de la escuela local, surgió no desde la "operación política" que denuncia el intendente, sino desde el compromiso ético.
Marchisio intentó descalificar la labor docente tildando de "privilegio" el uso de la combi que traslada a los maestros desde General Pico. El intendente llegó a pedirle al profesor que "cediera su lugar de privilegio" y cuestionó que el transporte lo buscara por su domicilio.
La respuesta de Argüello fue contundente: el transporte docente no es un privilegio, es una necesidad laboral para sostener la escolaridad en pueblos donde el sueldo no permite cubrir 50 kilómetros diarios de combustible. Además, el docente reveló que los maestros abonan una cuota para colaborar con dicho servicio, desmintiendo la gratuidad absoluta sugerida por el funcionario.
Pero la contradicción más dolorosa para la comunidad educativa fue la justificación del cupo en la combi. Marchisio alegó en los medios que nunca se les quitó el transporte a los chicos y que todo fue una maniobra mediática.
No obstante, Leonel lArgüello posee una copia del acta firmada por la propia municipalidad donde se notificaba a la madre que, a partir del 30 de abril, los niños se quedaban sin servicio porque "la capacidad estaba al tope".
"Eso es mentira", aseguró el docente con la autoridad que le da viajar diariamente en esa unidad.
Según su relato, incluso con los niños a bordo, sobran habitualmente entre ocho y nueve asientos.
Los medios
El docente también aclaró que la llegada a los medios no fue un primer paso de "militancia partidaria", sino el último recurso tras el silencio de las coordinaciones de área y el asesoramiento con la Defensoría de la Niñez ante la vulneración flagrante del derecho a la educación.
En el cruce de acusaciones quedó claro que al intendente Marchisio quizás lo que más le molestó fue que comparen su accionar con el anterior jefe comunal, Juan Carlos Pavoni, reconocido por su gestión en la localidad y para quien trabajaba hasta que decidió hacer una interna y quedarse -en una votación reñida- con el sillón de la intendencia.
En ese marco, el maestro aclaró que no era de su interés la política partidaria, pero sí aclaro que "las cuestiones políticas y las cuestiones educativas prácticamente están entrelazadas, no existe una sin la otra y las consecuencias son directas. Las consecuencias políticas son directas sobre el sistema educativo, y pegan fuerte".
Mientras Marchisio insiste en que fue víctima de una "operación", las pruebas documentales y los testimonios territoriales sugieren lo contrario: una gestión que intentó recortar derechos esenciales basándose en argumentos geográficos falsos y excusas técnicas inexistentes.
