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EL DIARIO digital
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Busca frenar la disolución del fondo fiduciario que financia la protección de nuestros bosques nativos, una medida que el Ejecutivo Provincial califica como un "avasallamiento" a las autonomías y un riesgo inminente para el caldenal.
La batalla judicial por la preservación de los recursos naturales de La Pampa tuvo un nuevo paso institucional.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió dar curso a la demanda impulsada por nuestra provincia, junto a Buenos Aires, La Rioja y Santiago del Estero, contra el Decreto 888/24 firmado por el presidente Javier Milei. Esta norma nacional ordenó la disolución del Fondo Fiduciario de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (Fobosque), el instrumento financiero clave para ejecutar la Ley de Bosques (26.331) en todo el territorio argentino.
Con este fallo, el máximo tribunal corre traslado al Estado Nacional para que, a través del Ministerio de Economía, brinde respuestas en un plazo de 60 días hábiles. Para nuestra provincia, el escenario es crítico: la eliminación de este fondo no es solo un ajuste fiscal, sino un golpe directo a la capacidad de fiscalización y manejo de los bosques nativos pampeanos, en un contexto donde la deforestación nacional ha mostrado un alarmante crecimiento del 40% durante el último año.
La presentación de La Pampa: Un escudo legal para el caldenal
La estrategia judicial pampeana, encabezada por el gobernador Sergio Ziliotto y la Fiscal de Estado, Romina Schmidt, se apoya en argumentos de una sólida raigambre constitucional y federal. En su presentación ante la Corte, la Provincia sostiene que la disolución del Fobosque constituye una "transferencia ilegítima" de recursos con asignación específica hacia el Tesoro Nacional. Según el escrito, el dinero que legalmente debe financiar la conservación de los bosques está siendo desviado para un uso discrecional del gobierno central, lo que vuelve inoperativa la Ley de Presupuestos Mínimos y deja sin resguardo a los ecosistemas locales.
Un punto central del amparo pampeano destaca que nuestra jurisdicción ha cumplido "en tiempo y forma" con todos los requisitos legales y rendiciones para percibir las compensaciones correspondientes al año 2023.
Sin embargo, la administración nacional ha incurrido en una omisión de respuesta ante los reclamos urgentes de transferencia, afectando directamente a los productores agropecuarios involucrados en planes de manejo sostenible
. La Pampa argumenta que esta quita de fondos impide continuar con las compensaciones por servicios ambientales, dejando a los propietarios de tierras sin el estímulo financiero necesario para mantener el bosque en pie y prevenir incendios forestales.
Finalmente, la demanda de nuestra provincia subraya la arbitrariedad del Decreto 888/24, señalando que el Gobierno Nacional utilizó observaciones administrativas de la SIGEN como "excusa" para eliminar el fondo en lugar de mejorar su gestión.
El escrito judicial advierte que la medida viola el principio de "lealtad federal", un concepto que la propia Corte ha aplicado en litigios previos de La Pampa (como el del río Atuel), y que exige que la Nación no adopte medidas imperativas que dañen la brecha socioeconómica y ambiental de las provincias.
Un golpe a la transparencia y al medio ambiente
El Fobosque fue creado en 2018 para dar transparencia y eficiencia al manejo de los recursos destinados a la restauración y manejo sostenible de los bosques nativos.
Su eliminación, según denuncian las provincias y organizaciones como Greenpeace y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), representa un retroceso sin precedentes.
Desde el punto de vista técnico, los bosques no son solo paisajes; son proveedores de servicios ecosistémicos esenciales. En el caso pampeano, el caldenal actúa como regulador hídrico, hábitat de especies únicas y sumidero de carbono fundamental para cumplir con los compromisos del Acuerdo de París.
La falta de estos fondos pone en riesgo el control de los desmontes ilegales y la capacidad logística de las autoridades locales para combatir los incendios, un flagelo recurrente en nuestra geografía.
El contexto nacional: Deforestación en aumento
La decisión de la Corte se produce en un momento de extrema fragilidad ambiental. Informes recientes de Greenpeace alertan que en 2025 se perdieron más de 210.000 hectáreas de bosques en el norte del país, una cifra que aleja a la Argentina de la meta de "Deforestación Cero" para 2030 firmada en la cumbre de Glasgow.
El planteo judicial pampeano resalta que las deficiencias administrativas que el Gobierno Nacional alega para disolver el fideicomiso deberían haber dado lugar a una mejora en los sistemas de control, y no a la eliminación de la herramienta financiera
. "Eliminar este financiamiento genera un perjuicio directo no solo en la conservación de los bosques nativos, sino también en el bienestar de las comunidades que dependen de ellos", sostiene el documento de amparo presentado por la provincia
.
Lo que sigue en la Corte
Con la admisión de la demanda, la Corte Suprema asume el rol de árbitro final en un conflicto que cruza la política fiscal con el federalismo y la crisis climática
. Mientras corre el plazo de 60 días para que la Nación responda, La Pampa mantiene su pedido de una medida cautelar de innovar que ordene al Ejecutivo Nacional suspender los efectos del decreto y restablecer el flujo de fondos hacia las provincias
.
Para los pampeanos, lo que está en juego es mucho más que una partida presupuestaria. Se trata de la defensa de un patrimonio natural que, una vez destruido, es irreversible. Como bien señala la presentación judicial de nuestra provincia: "una vez reconocido un derecho humano como tal (el ambiente sano), este no puede ser coartado, destruido, ni derogado"
. La mirada ahora está puesta en el cuarto piso del Palacio de Justicia en Buenos Aires, donde se definirá si el "escudo judicial" será lo suficientemente fuerte para proteger el futuro de nuestros bosques
.
