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EL DIARIO digital
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La Asociación Taxistas de la Terminal solicitó formalmente al Concejo Deliberante de Santa Rosa que declare el estado de emergencia y/o crisis del servicio de transporte público individual de pasajeros. El pedido ingresó el 20 de marzo y expone un fuerte deterioro económico y operativo del sector.
Este miércoles por la mañana, el dirigente de los taxistas José Bocalate se presentó en las comisiones del Concejo Deliberante de Santa Rosa para exponer la situación que atraviesa el servicio de transporte público individual de pasajeros. La intervención se dio en el marco del tratamiento de una nota elevada por Gabriel Ferreyra, presidente de la Asociación Taxistas de La Terminal, en la que se solicita declarar la emergencia y/o crisis del sector.
El pedido apunta a que el cuerpo deliberativo reconozca el deterioro de la actividad y avance en un abordaje integral de la problemática, que incluye aspectos económicos, laborales y regulatorios. Tras la exposición, serán los concejales quienes deberán evaluar el planteo y definir si avanzan con alguna medida concreta.
Este miércoles también escucharon por la mañana al representnate de Uber, Fabio Maica, que defnendió la posibilidad de trabajar para las plataformas de viajes, sin ningún tipo de regulación. Colocaron una bandera en el frente del municipio con un mensaje en ese sentido.
Una situación desesperante
En la nota firmada por su presidente, Gabriel Ferreyra, la entidad plantea que la actividad atraviesa "una grave y sostenida situación económica y operativa", que se agravó por "la irrupción de plataformas digitales de intermediación de viajes que operan en condiciones de competencia desleal, al margen de las exigencias normativas, fiscales y regulatorias que rigen para el servicio de taxis debidamente habilitado".
Como parte de los argumentos, los taxistas detallaron una serie de indicadores que reflejan la crisis. Señalaron que "se ha producido una reducción aproximada del 25% de la flota de socios licenciatarios, como consecuencia directa de la deserción motivada por la inviabilidad económica de sostener la actividad bajo las actuales condiciones".
Además, advirtieron que "la actividad ha experimentado una merma superior al 50% en su nivel de prestación, afectando gravemente la sustentabilidad del sistema", lo que impacta tanto en los trabajadores como en el servicio a los usuarios.
En ese sentido, remarcaron que "esta situación compromete no solo la continuidad de las fuentes de trabajo, sino también la capacidad operativa del servicio, poniendo en riesgo la adecuada cobertura y atención a los usuarios".
El documento también señala efectos internos en la organización: "la disminución de ingresos ha generado un impacto directo en la estructura interna de la institución, incidiendo en el incremento de la cuota societaria, con el consecuente perjuicio para los asociados que aún sostienen la actividad".
A partir de este diagnóstico, la entidad consideró que "todo ello configura, a nuestro entender, un escenario objetivo que encuadra en los supuestos que habilitan la declaración de emergencia o crisis del sector".
En concreto, solicitaron al cuerpo legislativo que "se analice y declare formalmente el estado de emergencia y/o crisis del servicio de taxis en la ciudad de Santa Rosa" y que "se convoque, en su caso, a los actores involucrados a fin de abordar de manera integral la problemática descripta".
Una crisis de arrastre
No es la primera vez que el sector recurre a este tipo de reclamo. Ya en octubre del año pasado, representantes de taxis habían presentado un informe ante el Concejo y el Ejecutivo municipal en el que advertían sobre una "situación crítica", con eje en el avance de plataformas digitales como Uber en la ciudad.
En aquel momento, el documento señalaba que el crecimiento de ese tipo de servicios —operando sin habilitación municipal, según denunciaban— generaba una competencia desleal que impactaba directamente en los ingresos de los trabajadores del volante. También advertían sobre la pérdida de licencias, la precarización laboral y la caída en la recaudación vinculada al sistema de transporte urbano.
Entre las medidas propuestas entonces figuraban la declaración de la emergencia del sector, mayores controles y sanciones a servicios no habilitados, e incluso la suspensión de plataformas hasta tanto se estableciera un marco regulatorio local.
El nuevo planteo retoma ese diagnóstico y vuelve a poner en agenda un debate que el Concejo ya conoce, pero que aún no ha tenido una resolución de fondo. Ahora, con la exposición de Bocalate y la nota en estudio, la discusión vuelve al centro de la escena política local.
