La Fiscalía de Estado explicó la estrategia judicial y rechazó críticas de la UCR
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EL DIARIO digital
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La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) brindó una conferencia de prensa este miércoles para denunciar la "violencia institucional" que atraviesa Florencia Aguilera, trabajadora de la Municipalidad de Santa Rosa. Las dirigentes Liliana Rechimont y Mariana Andueza aseguraron que la empleada sufre un "castigo encubierto" tras haber denunciado por acoso laboral a un funcionario, mientras que la justicia decidió archivar la causa por falta de pruebas.
La situación de Aguilera se volvió crítica luego de que, tras finalizar su licencia especial por violencia de género, se le impidiera regresar a su puesto habitual en la Dirección de Comercio. Según las gremialistas, la trabajadora se ve obligada a fichar cada mañana y trasladarse a la sede del sindicato para cumplir sus horas, ya que el municipio no le asignó un espacio físico de tareas durante más de un mes.
"Un mensaje disciplinador"
El conflicto sumó un nuevo capítulo ayer, cuando la Municipalidad notificó a la trabajadora su traslado al área de Bromatología. "No hay ninguna falta administrativa ni informe negativo sobre su desempeño. La trasladan solo por haber denunciado a un funcionario", explicaron desde ATE. Rechimont denunció que el traslado busca "desarmar su organización familiar", ya que Aguilera es sostén de familia y el nuevo destino le impide coordinar la crianza de su hijo pequeño, cuya escuela queda a pocas cuadras de su anterior lugar de trabajo.
Desde el gremio recordaron una frase que habría recibido la empleada por parte de autoridades municipales: "Si seguís rompiendo las pelotas vas a ir a parar a un lugar peor".
El archivo de la causa judicial
Mariana Andueza detalló que el Ministerio Público Fiscal, a cargo de la fiscal Cecilia Molinari, decidió archivar el legajo de investigación preliminar el pasado 20 de abril.
Explicaron que, aunque existían informes de la Unidad Funcional y de la psicóloga tratante que validaban el relato del abuso de poder por parte del acusado, Maximiliano Cheli, la fiscalía consideró que no hay pruebas suficientes para configurar el delito.
Además, revelaron que dos compañeros de trabajo, que podrían haber aportado claridad al caso, se negaron a declarar por temor a represalias laborales.
Pasos a seguir
ATE confirmó que Aguilera se notificará del traslado "en disconformidad" y que el sindicato recurrirá administrativamente la medida. "Es más fácil defender a un funcionario de renombre que a una mujer trabajadora. La impunidad sigue prevaleciendo, pero vamos a seguir luchando a la par de nuestra compañera porque su único 'pecado' fue decirle que no a un tipo", concluyó Rechimont.
Mientras el funcionario denunciado permanece en su estructura jerárquica, la trabajadora iniciará una nueva etapa de resistencia legal para intentar recuperar su estabilidad y su lugar de trabajo original.
