La Pampa

La Fiscalía de Estado explicó la estrategia judicial y rechazó críticas de la UCR

La Fiscalía de Estado est a cargo de Romina Schmidt
La Fiscalía de Estado está a cargo de Romina Schmidt.
Defendió la presentación del amparo en el Juzgado Federal de Santa Rosa. Aseguraron que la vía elegida permite una demanda colectiva junto a la Universidad Nacional de La Pampa y organizaciones ambientalistas y de defensa de los ríos pampeanos. 

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EL DIARIO digital

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La Fiscalía de Estado salió al cruce de las críticas del diputado provincial de la UCR, Hipólito Altolaguirre y defendió la estrategia judicial adoptada para frenar la modificación a la Ley de Glaciares, al sostener que la presentación ante el Juzgado Federal de Santa Rosa permite una acción colectiva y una representación más amplia de los sectores involucrados en la defensa de los ríos pampeanos.

Fuentes de la Fiscalía de Estado de La Pampa respondieron así a los cuestionamientos formulados por el legislador radical, quien había sostenido que la demanda debió presentarse directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

"El amparo colectivo es una decisión política de no apropiarse del reclamo, sino incluir a las organizaciones ambientales y de defensa de los ríos", señalaron desde el organismo provincial.

Altolaguirre cuestionó que el oficialismo promoviera una acción ante la Justicia Federal local y advirtió que ello podría generar conflictos de competencia y demoras. Frente a eso, desde el Gobierno sostuvieron que la decisión tuvo fundamentos políticos y jurídicos concretos. "La vía elegida permite que todos sean parte. Para concretar esto, solo es posible hacer la presentación en un Juzgado Federal para que la Provincia, la Universidad y las organizaciones de defensa de los ríos puedan ser actores en la demanda", explicaron.

En ese sentido, remarcaron que una presentación directa ante la Corte hubiera limitado la participación formal únicamente al Estado provincial.

"A la Corte solo puede presentarse el Estado provincial en la demanda. El resto puede hacerlo como amicus curiae, pero no son actores de la demanda", indicaron.

La acción judicial fue presentada en conjunto por el Gobierno provincial, la Universidad Nacional de La Pampa, la Fundación Chadileuvú y la Asamblea por los Ríos Pampeanos.

Según explicaron desde Fiscalía, la intención oficial fue construir una demanda con representación institucional, académica y social. "La decisión política del Gobierno provincial fue que la presentación sea colectiva y que haya una amplia representación de los sectores vinculados con la problemática ambiental y de los ríos", afirmaron.

También cuestionaron el posicionamiento del radicalismo pampeano. "El de Altolaguirre es un argumento más que utilizan sectores de la oposición para fijar un alineamiento con las políticas nacionales de Milei", sostuvieron las fuentes consultadas.

El debate en la Legislatura

La controversia quedó expuesta durante una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Legislatura provincial, donde se emitió dictamen favorable por mayoría al proyecto de resolución que expresa respaldo político e institucional a la acción de amparo presentada para declarar la inconstitucionalidad, inconvencionalidad y nulidad absoluta de la Ley 27.804.

El despacho favorable fue acompañado por el bloque del peronismo, mientras que la minoría radical decidió fijar posición en el recinto.

Durante el debate, Altolaguirre expresó "el rechazo contundente" de su bloque a la ley nacional y sostuvo que la reforma "es regresiva y pone en riesgo al sistema energético que tanto defendemos los pampeanos".

Sin embargo, aclaró que el cuestionamiento central no estaba en el contenido de la norma sino en la estrategia judicial elegida por el Ejecutivo.

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