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EL DIARIO digital
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El juicio por la venta de 500 animales sin autorización y "en negro" sumó un nuevo capítulo con la presentación de un recurso de impugnación contra la reciente sentencia que condenó a Carlos María Arrigone por el delito de administración infiel. Los abogados de la querella solicitaron a la Justicia pampeana que se agrave la calificación legal del hecho hacia la figura de abigeato agravado, exigiendo una pena de cumplimiento efectivo de cinco años y ocho meses de prisión.
El 31 de marzo de 2026, la justicia piquense condenó a Arrigone a tres años de prisión de efectivo cumplimiento al hallarlo autor material del delito de administración infiel. El fallo dio por probado que, entre finales de 2023 y principios de 2024, el acusado defraudó a su tía y madrina, Nélida Teresa Ana Arrigone, al vender 498 novillos de su propiedad. Estos animales se encontraban en el campo "La Loma", ubicado en la zona rural de la localidad de Arata. Según se acreditó, la comercialización de la hacienda se realizó "en negro", sin autorización de la víctima, y el imputado retuvo el dinero producto de la transacción.
Los abogados Carlos Pedro Febre y Joaquín Ignacio Gómez, representantes de la parte querellante, argumentan que el encuadre legal fijado por el juez es equivocado, ya que no existía un vínculo comercial directo entre el acusado y la damnificada que justifique la figura de "administración infiel".
De acuerdo a la presentación, Arrigone solo se encargaba de criar y cuidar los animales, pero de ninguna manera poseía la tenencia o el poder de disposición sobre los mismos. La custodia legal y la toma de decisiones la mantenía estrictamente la dueña de la hacienda, quien era la única habilitada para tramitar la documentación sanitaria ante el SENASA y obtener las guías municipales de traslado.
Por esta razón, la querella sostiene que el hecho constituye un abigeato agravado, ya que el acusado se apoderó ilegítimamente de animales ajenos aprovechando su rol. Se solicita la aplicación del agravante debido a que Arrigone es socio gerente de la firma mendocina EXPOCARNES S.R.L. y se dedica comercialmente a la crianza, faena y distribución de ganado.
Pedido subsidiario y agravantes
Para el caso en que el Tribunal de Impugnación Penal decida mantener la calificación de administración infiel, los abogados plantearon un pedido subsidiario para que se eleve la pena a cuatro años de prisión de efectivo cumplimiento.
Para fundamentar este incremento punitivo y rechazar cualquier posibilidad de ejecución condicional de la pena, los querellantes enumeraron una serie de circunstancias agravantes que rodearon el caso:
- El acusado no demostró ninguna intención de reparar el daño económico ocasionado a la víctima.
- Las maniobras del imputado obligaron a la damnificada a iniciar un proceso de desalojo que demoró más de un año para poder recuperar su propio predio rural.
- El accionar delictivo y sus consecuencias económicas afectaron gravemente la salud física y psíquica de la víctima, quien debió afrontar múltiples gastos médicos.
- El imputado generó un claro riesgo para la salud pública, ya que introdujo bovinos destinados al consumo humano en el mercado informal y sin ningún tipo de documentación que respalde su trazabilidad.
