Elecciones en la UNLPam: Interpretaciones y desafíos 

Por Santiago Ferro Moreno (*) 

Tomando como base los resultados provisorios publicados por la UNLPam, la elección dejó un mensaje más complejo que el de una simple continuidad ordenada. Las autoridades quedaron definidas y la universidad preservó gobernabilidad. Pero el dato relevante no es solo quién ganó, sino qué intensidad de acompañamiento logró construir esa oferta electoral. Esa diferencia importa, porque una cosa es obtener legitimidad formal y otra, más exigente, es reunir convicción suficiente para abrir una etapa con densidad política, académica e institucional.

En rectorado, el voto en blanco fue de 30,42%. Pero lo más interesante no es solo ese número, sino su regularidad entre claustros: se movió en una franja muy estrecha, entre 29,58% y 30,56%. Eso sugiere que no se trató de un malestar aislado ni de una reacción sectorial. Fue una señal transversal. No se puede asegurar que exprese rechazo, pero sí, al menos, distancia. Hubo acompañamiento suficiente para ordenar la transición, aunque no una adhesión intensa al modo en que se resolvió la propuesta.

En el Consejo Superior el patrón vuelve a aparecer. En los tramos con lista única, el voto en blanco se ubicó en niveles muy parecidos: 27,08% en profesores, 25,67% en auxiliares y 26,24% en graduados. En estudiantes, en cambio, donde sí hubo competencia, bajó a 18,39%, y las dos principales fuerzas quedaron prácticamente empatadas, con 36,71% cada una. El contraste es elocuente. Cuando hubo alternativas, buena parte de la energía electoral se expresó eligiendo. Cuando no las hubo, una porción relevante de la comunidad eligió marcar reserva. Esa diferencia ayuda a interpretar mejor el resultado y a no confundir orden con consenso pleno.

El rector electo destacó la participación, valoró la unidad alcanzada y habló de resistir con propuestas y creatividad frente al desfinanciamiento universitario y a los problemas del funcionamiento democrático. Ese planteo es atendible. Pero justamente por eso la vara de la nueva etapa no puede quedar en la defensa corporativa ni en la tranquilidad del resultado. Si la universidad necesita propuestas y creatividad, entonces necesita también más capacidad de convocar, más explicitación de prioridades y mejores opciones para que la vida democrática no se reduzca a administrar acuerdos ya cerrados.

Ahí aparece el verdadero desafío. La UNLPam no necesita solo preservar estabilidad. Necesita proyectos colectivos y menos lógicas personalistas. Necesita fortalecer las instancias de conversación interna, ordenar prioridades y volver a producir sentido, especialmente entre los y las estudiantes, donde la demanda de representación parece estar acompañada por una demanda más profunda de horizonte. Ese punto no se resuelve con consignas ni con una gestión convencional de las rutinas. Se resuelve con una universidad más abierta, más clara y más exigente consigo misma.

En Agronomía, la Facultad a la que pertenezco, también aparece una señal que conviene leer en esa misma clave. Hubo respaldo suficiente para sostener la conducción, pero no un acompañamiento sin fisuras. En instituciones complejas, los apoyos parciales o fríos no se revierten con relato. Después de una etapa marcada por estilos de conducción poco abiertos, el desafío pasa por mejorar la capacidad de escucha, proponer agendas más participativas y habilitar nuevas opciones para discutir y proyectar.

La nueva etapa será valiosa si logra transformar una elección ordenada en una oportunidad de fortalecimiento institucional. No para volver sobre lo ya resuelto, sino para producir algo mejor hacia adelante. Más conversación real. Más prioridades visibles. Más proyecto académico. Más capacidad de interpelar a quienes hoy acompañan sin demasiado entusiasmo.

Las instituciones se fortalecen no cuando logran clausurar diferencias, sino cuando son capaces de darles cauce, forma y futuro. En esa tarea también hay un plano especialmente sensible. La UNLPam necesita fortalecer su calidad y su capacidad democrática e institucional. Eso supone mejorar prácticas, ampliar la transparencia, cuidar con más rigor el uso de recursos que son de toda la comunidad y consolidar criterios de gestión cada vez más claros, trazables y defendibles.

No se trata solo de una exigencia ética o administrativa. También es una condición política. En un contexto de desfinanciamiento, hostilidad hacia el sistema universitario y cuestionamientos muchas veces simplificadores, las debilidades internas, las opacidades y las malas prácticas terminan ofreciendo argumentos a quienes buscan erosionar legitimidad, recortar capacidades y agravar escenarios que ya son suficientemente delicados.

Por eso, el desafío de la nueva etapa no pasa solo por sostener funcionamiento ni por administrar equilibrios. Pasa por mostrar que la universidad puede ser más sólida, más abierta y más confiable. Más capaz de rendir cuentas, de explicar decisiones, de priorizar con criterio y de convocar a su comunidad alrededor de un horizonte reconocible.

La defensa de la universidad pública no se juega únicamente hacia afuera. También se juega en la calidad con la que se gobierna, en la seriedad con la que se usan los recursos y en la madurez con la que se construyen reglas, agendas y responsabilidades compartidas.

La elección dejó, entonces, una advertencia y una posibilidad. La advertencia es que la continuidad, por sí sola, no alcanza para generar adhesión intensa. La posibilidad es que todavía hay margen para leer con honestidad ese mensaje y convertirlo en una agenda de fortalecimiento institucional. Ese debería ser el verdadero punto de partida. No la autocomplacencia del resultado, sino la responsabilidad de construir una universidad mejor, más abierta, más clara en sus prioridades y más capaz de ofrecer futuro.

(*) Docente-investigador UNLPam; Doctor en Ciencias Económicas; Licenciado en Administración de Negocios Agropecuarios.