La Municipalidad de Realicó ajusta servicios por caída de ingresos
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EL DIARIO digital
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El conflicto entre las universidades y el Gobierno nacional entró en una fase crítica. Ante el vencimiento del plazo judicial para liberar las partidas destinadas a salarios y becas, el presidente Javier Milei ordenó a la Procuración del Tesoro apelar ante la Corte Suprema para suspender la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. En respuesta, los gremios Conadu y Conadu Histórica convocaron a una semana de paro total y comenzaron a coordinar una nueva movilización masiva para mediados de mayo.
Desde el sector académico, la titular de Conadu Histórica, Francisca Staita, denunció una "política de ahogo constante" bajo el argumento del déficit cero. "El objetivo es reducir la universidad porque en su proyecto de país el ascenso social no entra", afirmó. Según los sindicatos, el atraso salarial respecto a noviembre de 2023 alcanza el 55%, con una gran cantidad de docentes percibiendo haberes de apenas 250.000 pesos.
La estrategia oficial: Plan B y batalla legal
Para evitar el desembolso de los 2,5 billones de pesos que exige la ley, el Ejecutivo nacional baraja dos estrategias:
Nueva Ley de Financiamiento: El envío de un proyecto alternativo al Congreso que proponga actualizaciones menores y mayor control sobre las auditorías.
Aplicación parcial: Un esquema de pagos graduales para evitar un impacto fiscal masivo inmediato.
A pesar de la apelación oficial, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, recordó que el recurso no tiene efectos suspensivos, por lo que la Casa Rosada sigue legalmente obligada a enviar los fondos. "Las casas de estudio no aguantan más; se pone en riesgo la formación de médicos y la soberanía del conocimiento", advirtió, instando a generar una mesa de diálogo urgente para evitar que el conflicto se traslade nuevamente a las calles.
En Balcarce 50 la postura es de intransigencia. Fuentes oficiales aseguran que "no hay plata", mientras el jefe de Gabinete, Manuel Adorni —responsable de redistribuir las partidas—, queda en el centro de la escena no solo por el ajuste, sino por la investigación judicial que pesa sobre su patrimonio personal.
