La disputa por el predio Scout San Francisco de Asís llegó a la Justicia

La disputa por el histórico predio del Grupo Scout San Francisco de Asís en Santa Rosa entró en una fase crítica. Lo que comenzó como una crisis institucional a fines de 2024, hoy se traduce en una demanda judicial de desalojo presentada por la Parroquia Nuestra Señora de Fátima contra el grupo identificado como N° 616, que ocupa el lugar tras "romper vínculos" con Scouts de Argentina y la Iglesia Católica.

El conflicto estalló tras la pérdida de dos beneficiarias y denuncias por el manejo institucional de menores, lo que derivó en agresiones verbales hacia el párroco de Fátima y la posterior fractura del grupo original.

Mientras el Grupo Scout N° 307 —el histórico y reconocido por la Iglesia— debió mudarse a un nuevo espacio, el predio original sigue ocupado por una organización que, según la documentación relevada, carece de "patrocinio religioso" y "legitimidad en el convenio de uso de la tierra", vigente desde 1993.

Sin comodato

Según pudo saber El Diario, a pesar de que el Ministerio de Desarrollo Social y la Fiscalía de Estado fueron informados de las irregularidades, la única medida administrativa fue la baja del comodato anterior, sin que se registraran avances en una nueva concesión.

Esta parálisis oficial obligó a la vía judicial: en septiembre de 2025, la Parroquia de Fátima inició el proceso de desalojo en el fuero civil, donde la Provincia de La Pampa ya fue citada como tercero interesado.

Las familias y educadores del grupo damnificado adviertieron con preocupación ante este diario que el Estado provincial, aun siendo notificado e involucrado en el expediente, "no ha impulsado soluciones ni ha clarificado la situación del predio, destinado originalmente a fines educativos".

El escenario se agrava por la presunta desinformación hacia las familias que integran el grupo ocupante. Según surge del análisis de las actuaciones, las versiones que circulan internamente en el predio no reflejarían "la gravedad de los hechos de 2024 ni la precariedad legal de la ocupación actual".

Esta "distorsión de la realidad", sostienen los denunciantes, condiciona a cientos de padres y jóvenes, mientras el conflicto camina hacia una resolución judicial que "podría haber sido evitada con una intervención efectiva de las autoridades provinciales".