"El Medanito": piden una audiencia pública antes del Informe Final Ambiental 

 La iniciativa -presentada esta semana- solicita formalmente al Poder Ejecutivo que garantice instancias efectivas de participación ciudadana, específicamente a través de una audiencia pública, antes de que se apruebe de forma definitiva el Informe Final Ambiental y el plan de saneamiento de la zona

El área "El Medanito" no es un lugar más en el mapa productivo pampeano. Con 35 años de explotación ininterrumpida —bajo la firma Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR)—, la magnitud de la actividad petrolera allí desarrollada ha dejado una huella profunda que hoy requiere una gestión cuidadosa.

El proyecto de la legisladora surge tras confirmar, mediante un pedido de acceso a la información pública respondido el pasado 7 de abril, que el Informe Final Ambiental aún no ha sido aprobado por las autoridades provinciales.

Un derecho que trasciende la letra chica de la ley

Uno de los puntos centrales que plantea Cuadrado es que, si bien la Ley Ambiental Provincial N° 3195 y la normativa específica de hidrocarburos no obligan explícitamente a realizar una audiencia pública para el cierre de un área, esto no debe ser un obstáculo para la participación. Al respecto, la diputada sostiene en sus fundamentos que "dicha omisión normativa no puede interpretarse como una exclusión del derecho a la participación, sino que debe ser integrada a la luz de las normas de jerarquía superior que conforman el bloque de constitucionalidad ambiental".

Para la legisladora, no se trata solo de un trámite burocrático, sino de una decisión que afectará el futuro del suelo y el agua pampeana. Según declaró en el proyecto, "el presente proyecto tiene por objeto garantizar la participación ciudadana previa a la evaluación y eventual aprobación del Informe Final Ambiental... en el entendimiento de que dicha instancia constituye una decisión de alto impacto ambiental, social e institucional para la Provincia de La Pampa".

La voz de 25 de Mayo y el control social

El proyecto hace especial énfasis en que el acceso a la información sea "adecuado, suficiente, oportuno y comprensible"

. No basta con publicar datos técnicos complejos; se trata de que la comunidad, y muy especialmente los vecinos de la localidad de 25 de Mayo, junto a organizaciones sociales e instituciones académicas, puedan entender qué se va a hacer con los pasivos ambientales (es decir, los daños o deudas ambientales acumuladas) antes de que las máquinas empiecen a trabajar o se den por terminadas las tareas de limpieza.

Cuadrado es tajante sobre la oportunidad de este pedido: "el proceso se encuentra en una etapa decisoria previa, en la cual resulta plenamente posible —y jurídicamente exigible— garantizar instancias de participación ciudadana antes de la adopción de una decisión definitiva".

En este sentido, la propuesta busca evitar que la remediación se convierta en una "caja negra" administrativa. Para la diputada, "el proceso de remediación ambiental no puede ser considerado un mero trámite administrativo de cierre, sino que constituye una etapa crítica en la cual se definen la magnitud de los pasivos, las acciones de recomposición y las responsabilidades".

Estándares nacionales e internacionales

La propuesta de la legisladora radical se apoya en pilares legales muy sólidos, como la Ley General del Ambiente N° 25.675 y el Acuerdo de Escazú (Ley N° 27.566). Este último es un tratado internacional que obliga a los Estados a garantizar que el público pueda participar en decisiones que tengan un impacto significativo en su entorno, y que lo haga en "etapas tempranas", cuando todavía se pueden introducir cambios.

Citando jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como los casos "Kersich" o "Majul", Cuadrado recuerda que las provincias tienen un "piso mínimo" de protección que no pueden perforar. En sus palabras, "aprobar el Plan de Remediación sin instancias previas de participación ciudadana implicaría debilitar los estándares de transparencia y control social exigidos por el ordenamiento jurídico vigente".

Por qué es necesaria la audiencia pública ahora

La convocatoria a una audiencia pública permitiría, según el texto del proyecto, sumar el conocimiento local y técnico para fortalecer la calidad de la decisión final que tomen la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático junto a la Subsecretaría de Hidrocarburos.

La legisladora advierte que saltarse este paso no solo es una falta de transparencia, sino un riesgo jurídico: "podría exponer al proceso a eventuales cuestionamientos judiciales que afecten su eficacia y ejecución".

Finalmente, Cuadrado remarca que su iniciativa no es un invento caprichoso, sino una necesidad de estos tiempos: "la presente iniciativa no introduce una exigencia nueva en el ordenamiento jurídico provincial, sino que procura asegurar la aplicación efectiva de los estándares mínimos de participación ambiental establecidos por la normativa nacional e internacional vigente".

Con este pedido, la pelota queda ahora en el campo del Poder Ejecutivo Provincial, que deberá decidir si abre el debate a la sociedad o si avanza en el cierre de "El Medanito" de espaldas a la ciudadanía que habita ese territorio.

El futuro de la remediación en el área hidrocarburífera más emblemática de La Pampa está en juego, y la propuesta de Gisela Cuadrado busca, sencillamente, que el cuidado del ambiente sea un compromiso compartido y transparente para todos los pampeanos.