Arrancó una nueva edición de "Cuidar Vidas"
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EL DIARIO digital
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La crisis terminal del Sindicato Gráfico Patagónico vivirá este jueves a las 18:00 horas un capítulo crucial en su sede de la calle Río Negro. Suspendido por su propia comisión directiva local y expulsado por unanimidad de la federación nacional (FATIDA), Héctor Aníbal Schmidt jugará su última carta de supervivencia política: una asamblea de afiliados convocada de apuro, en un día hábil y en pleno horario laboral, con la que pretende remover a los dirigentes rebeldes que se atrevieron a desafiar su reinado de 33 años.
La movida ocurre en el peor momento para el histórico dirigente y exjefe de la CGT Regional Sur. Acorralado por la Justicia penal y el escrutinio público, Schmidt rompió el silencio en las últimas horas a través de declaraciones radiales. Lejos de la autocrítica, ensayó una particular teoría conspirativa: argumentó que las acusaciones de desvíos de fondos no son más que una maniobra digitada desde Buenos Aires para perjudicarlo. "Yo no taje fondos para mi bolsillo sino para mi delegación", dijo. Según su interpretación de los hechos, el dinero bajo la lupa no fue a parar a sus bolsillos, sino que se utilizó para sostener el funcionamiento de la delegación pampeana. Para Schmidt, el conflicto no es de índole delictiva, sino un ensañamiento político donde "el diablo metió la cola".
Sin embargo, los números que maneja la auditoría externa y la Justicia penal pintan un panorama mucho más terrenal y oscuro que una simple disputa de cartelera sindical.
Cifras que no cierran
El discurso de "salvación de la filial" que intenta instalar Schmidt choca de frente con la realidad contable de OSPIDA y el sindicato. La denuncia penal que pesa sobre sus hombros detalla una presunta malversación de fondos que supera los 301 millones de pesos, presuntamente desviados de la obra social nacional para pagar sueldos del gremio local, sumados a otros 295 millones de pesos en gastos de OSPIDA que carecerían de cualquier tipo de respaldo documental.
Mientras la interna arde y las acusaciones cruzadas se multiplican, las consecuencias del descalabro financiero las pagan los eslabones más débiles:
7.000 pampeanos sin cobertura: OSPIDA mantiene cortados sus servicios médicos desde marzo, dejando a miles de familias a la deriva en medio de una crisis sanitaria y con una deuda acumulada de 1.200 millones de pesos con el sistema de Salud Pública provincial por prestaciones hospitalarias impagas.
Trabajadores sin cobrar: Los empleados locales del sindicato y de la propia obra social llevan tres meses sin percibir sus sueldos.
Coseguros bajo sospecha: Excolaboradores de la obra social apuntan a una recaudación paralela de coseguros en efectivo y "en negro" manejada por el hijo del dirigente, Walter Schmidt, cuyo patrimonio también empezó a ser mirado de cerca por la oposición interna.
Riqueza y blindaje político
El contraste entre la malaria de los afiliados y el pasar económico del dirigente es insoslayable. Schmidt, que llegó a acumular cinco ingresos simultáneos (como secretario general del gremio local y nacional, presidente y delegado de la obra social, y vocal gubernamental), declaró en 2025 un activo de 215.217.054 pesos (computando los inmuebles a valor fiscal). La cifra lo ubicó como el quinto funcionario con mayor patrimonio declarado de la provincia.
Esa doble condición de sindicalista y funcionario público es hoy el principal dolor de cabeza para el Gobierno provincial. Schmidt aún resiste en su cargo de vocal del Ente Provincial del Río Colorado en representación del Ejecutivo, un puesto que asumió en 2019. Pese a las discretas gestiones de la comisión directiva disidente para que las autoridades pampeanas le suelten la mano y lo desplacen de la función pública, el histórico jefe gráfico parece conservar todavía un estratégico manto de protección política que le permite estirar su permanencia en el organismo de 25 de Mayo.
El escenario que viene
La asamblea de mañana funcionará como un termómetro definitivo. La fación opositora del sindicato, liderada por el secretario adjunto Felipe Irusta, ya ordenó una auditoría contable y tiene mandato para recuperar el control físico de la sede de la calle Río Negro.
Schmidt, debilitado tras la operación cardíaca que marcó el inicio de su declive a principios de año, apuesta a que el aparato que construyó durante tres décadas le responda una última vez para purgar a los disidentes. Para los trabajadores gráficos de la provincia, sin embargo, la discusión ya no pasa por quién se queda con las llaves del gremio, sino por saber cómo y cuándo recuperarán la obra social que les fue arrebatada.
