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EL DIARIO digital
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El debate por el mega proyecto de "inviolabilidad de la propiedad" que desembarca esta semana en la Cámara de Senadores de la Nación encendió las alarmas de diversos sectores jurídicos y políticos. Entre las voces más críticas se alzó la del reconocido abogado constitucionalista pampeano Andrés Gil Domínguez, quien calificó la iniciativa del gobierno de Javier Milei como "la entrega de la soberanía territorial" y alertó sobre las severas consecuencias geopolíticas de desmantelar los controles a la adquisición de tierras por parte de extranjeros.
A través de un pormenorizado análisis, el profesional pampeano desarmó el andamiaje del proyecto oficialista y recordó que la propiedad privada en Argentina ya es plenamente inviolable desde 1853 por imperio del artículo 17 de la Constitución. Bajo el amparo de ese "título grandilocuente", advirtió, se esconde la modificación y derogación de artículos clave de la Ley de Tierras Rurales (Ley 26.737), abriendo la puerta a una pérdida directa de soberanía mediante el desmembramiento territorial a manos de particulares y Estados extranjeros.
Para Gil Domínguez, la reforma desarma los tres grandes candados que protegían el suelo nacional:
- Se elimina el límite global que impedía que más del 15% del total de las tierras rurales del país estuviera en manos extranjeras.
- Desaparece la restricción que evitaba que personas de una misma nacionalidad acapararan más del 30% de ese cupo, así como el límite individual de 1.000 hectáreas para un mismo titular extranjero en la zona núcleo.
- Se habilita la adquisición ilimitada a particulares extranjeros y se abre el juego a empresas con participación estatal extranjera en zonas de seguridad de frontera, requiriendo únicamente una autorización provincial y del Ejecutivo nacional.
"La adquisición sin límites de tierras rurales ubicadas en zonas de frontera por personas extranjeras de una misma nacionalidad o por empresas vinculadas a un Estado extranjero podría conformar enclaves territoriales, económicos y logísticos con capacidad para controlar recursos naturales, vías de acceso o infraestructura estratégica", detalló el constitucionalista, aclarando que, si bien la soberanía subsistiría en lo formal, quedaría severamente debilitada en la práctica.
La trampa del "silencio administrativo"
Uno de los puntos más alarmantes señalados por el abogado pampeano es la aplicación del mecanismo de "silencio administrativo positivo" —heredado de la reforma a la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ley Bases— para autorizar estas compras sensibles.
Bajo este sistema, si una corporación vinculada a un Estado extranjero o un particular solicita la compra de tierras estratégicas o en áreas de frontera, y los organismos del Estado Nacional o provincial no emiten una oposición expresa y fundada en un plazo de 60 días, la transacción quedará autorizada de pleno derecho por el mero transcurso del tiempo.
"Un país no pierde su territorio solamente cuando una potencia extranjera lo invade. También comienza a perderlo cuando renuncia a controlar quién adquiere sus tierras estratégicas (...) Mucho más cuando semejante decisión puede quedar consumada no por un acto estatal expreso, fundado y responsable, sino por el mero silencio de funcionarios que dejan transcurrir un plazo", argumentó Gil Domínguez.
Ejemplos geopolíticos y el rol de la Constitución
Para graficar que el territorio sigue siendo la moneda de cambio del poder global y que el riesgo de la penetración pacífica es real, el abogado citó dos ejemplos internacionales de peso: el proceso de ocupación silenciosa que precedió a la anexión de Crimea por parte de Rusia, y el histórico interés de Donald Trump por adquirir Groenlandia para los Estados Unidos por obvias razones de posicionamiento estratégico y recursos naturales.
"La Constitución argentina protege la propiedad privada, pero no convierte al territorio argentino en una mercancía disponible para el mejor postor", sentenció el letrado, apuntando directamente contra el oficialismo y sus aliados en el Congreso. "El gobierno y sus cómplices intermitentes podrán disfrazar esta entrega con el lenguaje de la libertad, la apertura o la modernización. Pero ningún discurso puede ocultar lo evidente: se está facilitando la extranjerización del territorio argentino", concluyó.
