Chakra Raíz recurre a la Corte para frenar el desalojo: "Nos quieren echar a la calle"

Fotos y video: Adrián Pascual

La tensión por la ocupación de terrenos en Toay sumó un capítulo decisivo tras la confirmación, por parte del Superior Tribunal de Justicia, del desalojo de la comunidad Chakra Raíz. Ante la inminencia de la medida, integrantes del grupo se movilizaron este lunes a la tarde a la Plaza San Martín de Santa Rosa para visibilizar su situación y anunciar que llevarán la pelea judicial hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

"No ven la cuestión de fondo, que es la ley nacional y las cuestiones constitucionales. Por eso el STJ no admite el recurso extraordinario y vamos a ir con un recurso de queja para que la Corte resuelva sobre la aplicabilidad de esta ley", explicó la vocera del grupo -Anahí- ante los medios. Según denunciaron, existe una normativa nacional que protege este tipo de asentamientos y que se aplica en otras localidades como 25 de Mayo o Catriló, pero que es "ignorada" en su caso particular.

El factor tiempo: 90 días

La notificación del máximo tribunal pampeano llegó el pasado jueves 9 de abril. A partir de allí, comenzó a correr un plazo de 90 días para que las familias abandonen el predio. "El hecho de ir en queja a la Corte no frena el proceso de desalojo, por eso nuestro abogado va a presentar un recurso de amparo de no innovación", detalló, ante el temor de que la fuerza pública actúe antes de que se agoten las instancias federales.

La comunidad, que habita el lugar desde hace una década, está integrada por 14 adultos y 15 niños. "Un desalojo sería terrible. Cuando se lee un titular en el diario se deshumaniza mucho, pero la realidad es que somos 10 familias que vamos a quedar en la calle", advirtió la representante de Chakra Raíz.

Críticas a la política

El reclamo también apuntó directamente a la gestión política, tanto provincial como municipal. Desde Chakra Raíz cuestionaron el silencio del Gobierno Provincial y la falta de asistencia: "No hemos tenido acercamiento de ningún organismo. Incluso el municipio de Toay nos niega desde hace dos años el bono de leña que le dan a cualquier vecino. No le pedimos nada a nadie, solo que nos dejen vivir tranquilos", dijo Anahí.

Respecto a la relación con la intendencia de Toay, aseguró que el diálogo ha sido nulo fuera de los ámbitos judiciales. "La única vez que estuvimos cara a cara fue por obligación de la justicia civil en una mediación, y ellos no propusieron nada; solo dijeron 'váyanse y después hablamos'", denunciaron durante la asamblea en la plaza.

Para la comunidad, el conflicto trasciende lo legal y se convierte en una decisión política: "Hay que ver qué dice el gobernador. Si van a elegir seguir con la política deshumanizante de Nación o van a tomar cartas en el asunto para tener otro criterio. En esta provincia no debería haber problemas de tierra o habitabilidad", concluyó la vocera.