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EL DIARIO digital
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General Pico (Agencia) - El Juez de Control de General Pico Alejandro Gilardhengui condenó a una empleada doméstica de la localidad de Ingeniero Luiggi que utilizó tarjetas de crédito de su empleadora para realizar compras por más de 1.600.000 pesos.
Gisela Érica Luján Gastaldo, de 39 años, fue sentenciada a cumplir con un año de prisión de ejecución condicional. La mujer fue hallada autora material y penalmente responsable del delito de "defraudación" con tarjeta de crédito en modalidad de delito continuado.
Los hechos probados durante la investigación fiscal, encabezada por Armando Agüero y Matías Juan, determinaron que Gastaldo aprovechó su condición de empleada de limpieza en el domicilio de Elba Esther Ambrosino para acceder a sus datos financieros. Entre el 3 y el 10 de enero de 2025, la imputada cargó dos tarjetas de crédito de la víctima —una Nativa Black del Banco Nación y una Mastercard del Banco de La Pampa— en su propia cuenta personal de Mercado Pago. A través de esta maniobra, la condenada realizó múltiples operaciones de compra de alimentos y prendas de vestir en comercios locales, tales como el supermercado "Franco" y el local de indumentaria "La Novedad".
Las cámaras de seguridad de estos establecimientos registraron la presencia de Gastaldo realizando los pagos de manera física y virtual, cuyos montos fueron cargados directamente a los resúmenes bancarios de la damnificada. El perjuicio económico total ascendió a la suma de 1.601.635 pesos.
El fallo judicial especifica que el acceso a los plásticos ocurrió en la vivienda de la calle Sarmiento, mientras la acusada realizaba sus tareas de limpieza por las que había sido contratada.
La sentencia de un año de prisión en suspenso implica que la mujer no irá a la cárcel, pero deberá cumplir reglas de conducta durante los próximos dos años. Entre las obligaciones impuestas por el magistrado, Gastaldo deberá fijar un domicilio permanente y no podrá modificarlo sin autorización judicial previa. Asimismo, quedará bajo el control y cuidado del Ente de Políticas Socializadoras y la Unidad de Abordaje.
La formalización de la investigación tuvo lugar el pasado 25 de febrero de 2025, donde la defensa de la mujer estuvo representada por las abogadas María Bernarda Mc Cormack y María Celeste Rossi. La justicia consideró acreditada la voluntad de la imputada de generar un beneficio propio a costa del patrimonio de la víctima, utilizando la confianza generada por el vínculo laboral para obtener los datos de las tarjetas de crédito.
