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EL DIARIO digital
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La aplicación del "estímulo educativo" sigue generando controversia en la justicia pampeana: el médico forense Juan Carlos Toulousse presentó dos pedidos de reducción de su condena en base a la realización de más de 4500 horas de cursos en el campus virtual de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
En julio del 2024, el Tribunal de Audiencia de Santa Rosa impuso a Toulouse la pena de cuatro años de prisión efectiva por falsificar certificados para, el también médico, Jorge Rigutto. El Tribunal integrado por los jueces Gastón Boulenaz, Daniel Sáez Zamora y Aníbal Olié también aplicó inhabilitación perpetua para Toulouse para el ejercicio de la función pública.
En agosto de 2025, el juez Edgardo Javier Trombicky otorgó la prisión domiciliaria que había solicitado la defensa del forense, argumentando problemas de salud.
Luego, en noviembre de ese mismo año, el forense pidió el beneficio del "estimulo educativo". Según pudo saber El Diario, en unos diez días hizo unas 1500 horas en 20 cursos relacionados con medicina y el juez de Ejecución Penal le redujo la pena en 9 meses y 14 días. Un mes después, presentó otras 3025 horas de cursos y se sumaron otros 10 meses y 16 días, totalizando una baja de 20 meses.
En esta segunda etapa ya no se incluían cursos relacionados con la medicina sino a las temáticas más varias: Presentaciones de Google Drive; Construcción de termotanques solares sustentables; Taller de teatro: historias para jugar; Formación docente en género y abordajes de violencia UNC "Ley Micaela"; Seguridad en trabajos de carpintería; Mi propio jardín; entre otros, con duraciones que van desde las 25 hasta las 60 horas por curso.
Más allá de la imposibilidad física de realizar 4500 horas de cursos en menos de dos meses, la situación es una clara muestra de la manipulación del beneficio para obtener la reducción de la pena por encima de la "inserción laboral" que propone la ley.
Condenado en la misma causa, el médico Jorge Rigutto también se benefició con el "estímulo educativo": en diciembre del año pasado. Le fue otorgada la libertad condicional, tras una resolución judicial que consideró cumplimentados los requisitos exigidos por la ley para el egreso anticipado, en la causa en la que fue condenado por los certificados "truchos", unificada con una sentencia anterior por amenazas simples hacia su expareja.
De esta manera, adelantó significativamente la fecha original de cumplimiento de pena, que estaba prevista para el 12 de julio de 2026. Purgó apenas seis meses de prisión efectiva dentro del marco de la ejecución de la pena, ya que logró adelantar casi 20 meses de su condena con cuatro presentaciones de cursos: en el primero le redujeron 2 meses, luego 5 meses y 20 días, en el tercer planteo 7 meses y 11 días y en el último, 4 meses y 29 días, totalizando 19 meses y 20 días.
Grotto, también con el máximo
El 28 de abril de 2025, el abogado Juan Grotto fue detenido cuando quedó firme ante el rechazo de un recurso a la Corte Suprema de Justicia su condena por abuso sexual. El dirigente político fue sentenciado a tres años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo, por haber cometido abuso sexual simple agravado contra una menor de 18 años, aprovechando la situación de convivencia preexistente. La víctima fue la hija de su entonces esposa.
Para finales de año, con poco tiempo detenido, Grotto había realizado varios cursos online y obtuvo así una reducción de 5 meses y 5 días en los plazos para acceder a beneficios penitenciarios.
Sin embargo, no fue la única presentación de Grotto para reducir su condena: hubo otras cuatro más que fueron aprobadas. Solo la primera, de 5 meses y 5 días, fue informada, porque llegó al STJ, luego hubo otras de 27 días; 5 meses y 19 días; 3 meses y 23 días; y 5 meses y 19 días. La suma da 21 meses y 3 días, aunque el máximo permitido es 20 meses, que fue lo que finalmente Grotto recortó del cumplimiento de la pena.
Con estos antecedentes, no extrañó a la justicia que Adrián Nino Bonivardo, condenado a 4 años de prisión efectiva por 202 hechos de estafa, pretenda que se le aplique una reducción de un año para poder peticionar la libertad asistida en agosto de 2027, en lugar de agosto de 2028. Para ello, presentó certificados de capacitaciones en construcción, cultivos sustentables y tecnología neumática realizados en el INET-CeNet. Además, Bonivardo incluyó certificaciones de la Organización Internacional de Educación Permanente en modalidad virtual.
La Fiscalía de Ejecución Penal ya expresó su posición respecto al creciente número de solicitudes de aplicación del estímulo educativo a condenas en causas penales y pidió revisar con urgencia el modo en que se aplican las reducciones de plazos por estudios. Si bien reconoce que la educación es un derecho básico de todo interno, sostiene que no cualquier curso es merecedor de un reconocimiento especial que impacte en la libertad de los condenados.