Radiografía del ajuste sin fin en las universidades públicas

Cumplir durante 2025 con la ley de financiamiento universitario hubiera requerido el equivalente al 0,23% del PBI. Solo en intereses devengados de la nueva deuda emitida por el gobierno de Javier Milei en un solo mes se registró un gasto equivalente a diez años completos de financiamiento de esa ley.

Durante el plenario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) realizado el viernes en Santa Rosa, el rector de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Germán Pinazo, presentó un detallado informe sobre lo que le costaría al estaod cumplir ocn la Ley de Financiamiento.

Además, hizo una radiografia de la evolución del financiamiento de las universidades públicas y advirtió sobre una fuerte caída del presupuesto en términos reales desde el inicio de la actual gestión nacional.

Según explicó, si se consideran las principales partidas del programa de desarrollo de la educación superior —salarios, gastos de funcionamiento, financiamiento de autoridades, hospitales universitarios, ciencia y técnica y actividades de extensión— el sistema universitario perdió 45,6% de su poder adquisitivo real respecto de 2023.

Pinazo señaló que, medido a precios actuales, el presupuesto con el que contaban las universidades ese año era sensiblemente mayor al vigente en la actualidad.

Uno de los indicadores más sensibles es el de los gastos de funcionamiento. El rector explicó que, tras la primera marcha federal universitaria, el Gobierno nacional dispuso tres recomposiciones parciales de esa partida. Sin embargo, parte de esos aumentos fueron eliminados al comenzar 2025 y, aunque en marzo de ese año se aplicó una nueva actualización, el nivel actual sigue muy lejos del original.

De acuerdo con los datos presentados, el poder adquisitivo de la cuota de funcionamiento hoy equivale apenas al 40% del que existía en enero de 2023. Incluso en su mejor momento, durante la actual gestión nacional, esa partida nunca superó el 64% del nivel que tenía al inicio de ese período.

El análisis acumulado muestra además la magnitud del deterioro. Comparando mes a mes el poder adquisitivo con el promedio registrado entre enero y noviembre de 2023, Pinazo indicó que en 27 meses de gestión se perdieron el equivalente a nueve cuotas completas de gastos de funcionamiento.

La caída también se refleja en los salarios.  Según los datos presentados en el informe, en los primeros 27 meses de la actual gestión se perdió el equivalente a 7,3 salarios completos si se compara el poder adquisitivo de los haberes con el promedio registrado durante 2023.

Pinazo señaló que esa caída refleja el impacto de los aumentos salariales por debajo de la inflación y constituye uno de los factores que explican el conflicto recurrente entre el sistema universitario y el gobierno nacional.

Programas con ejecución nula

El informe también analizó otras partidas clave para el sistema universitario, como el financiamiento de la ciencia y la técnica, las actividades de extensión, la infraestructura universitaria y las becas estudiantiles.

En materia de infraestructura universitaria, la situación fue calificada como crítica. Según Pinazo, el gobierno nacional ejecutó cero pesos en 2024 y volvió a ejecutar cero en 2025, a pesar de que existía una partida presupuestaria de 2.000 millones de pesos que nunca fue actualizada. Posteriormente, el programa fue directamente eliminado del presupuesto.

Algo similar ocurrió con algunas líneas vinculadas al acompañamiento de trayectorias educativas, relacionadas con las becas Progresar, que también registraron ejecución nula.

Al analizar el poder adquisitivo de estas partidas en 2025, ajustadas por inflación, el panorama muestra caídas muy pronunciadas respecto de 2023:

-El financiamiento para ciencia y técnica en las universidades representa hoy solo el 38% del nivel que tenía dos años antes.

-Las actividades de extensión universitaria quedaron reducidas a apenas el 1% de su valor de 2023, lo que implica una caída real del 99%.

-La infraestructura universitaria tuvo una reducción del 100%.

-Las becas Progresar ya registraban una caída real cercana al 75%.

Fuerte recorte en las becas

Pinazo destacó además un dato que consideró particularmente llamativo al analizar el presupuesto vigente para 2026. A diferencia de años anteriores, en los que el monto destinado a las becas Progresar había quedado prácticamente congelado, este año se produjo una reducción nominal de la partida.

Según detalló, el recorte alcanza el 82% en términos nominales. Si se proyecta una inflación anual del 30% para 2026 —un escenario que el rector consideró incluso conservador— el poder adquisitivo de esas becas quedaría en apenas el 3% del nivel que tenían en 2023.

En ese escenario, advirtió, la reducción real acumulada de las becas Progresar alcanzaría el 96% en cuatro años si no se actualiza el presupuesto.

Comparación regional

El informe también incluyó una comparación internacional elaborada con datos de la Red Iberoamericana de Indicadores de Educación Superior. Allí se analizó el gasto público en educación superior como porcentaje del PBI, la tasa de matriculación universitaria y el peso del sector público dentro del sistema.

Según explicó Pinazo, Argentina aparece entre los países con mayor nivel de matriculación universitaria y con uno de los sistemas públicos más grandes del continente, pero al mismo tiempo con uno de los niveles de financiamiento más bajos en relación con su PBI.

Debate sobre prioridades fiscales

A partir de estos datos, el rector sostuvo que el problema no responde exclusivamente a una restricción presupuestaria.

Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, explicó, cumplir durante 2025 con la ley de financiamiento universitario hubiera requerido el equivalente al 0,23% del PBI.

Sin embargo, indicó que solo en intereses devengados de la nueva deuda emitida por el gobierno nacional en un solo mes se registró un gasto equivalente a diez años completos de financiamiento de esa ley.

Pinazo también comparó ese costo con otras decisiones fiscales en discusión. Mientras el Poder Ejecutivo argumentaba que no contaba con recursos para financiar una ley que demandaría 0,36% del PBI en 2026, al mismo tiempo sostenía ante el Congreso que podía resignar 0,71% del PBI en recaudación en el marco de la reforma laboral.

"En otras palabras —planteó—, se afirma que no hay recursos para financiar una ley que cuesta 0,36% del PBI, mientras se propone una iniciativa que implica renunciar a casi el doble de ese monto en ingresos tributarios".