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EL DIARIO digital
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La pampeana Flor Srur, ingeniera en Recursos Naturales y Medio Ambiente, fue otra voz que advirtió en la audiencia pública que hace el Congreso Nacional sobre la inconveniencia de la modificación a la Ley de Glaciares: "es un retroceso ambiental y democrático", advirtió.
La profesional salió al cruce de la normativa propuesta por el gobierno nacional bajo la advertencia de que "los glaciares son guardianes del futuro, guardianes del agua".
Srur contó desde qué lugar exponía: "Habito en la provincia de La Pampa, una provincia semiárida, un territorio donde el agua no es un concepto abstracto: es una condición de vida. Por eso quiero empezar con una frase que en mi provincia tiene un profundo significado ambiental y político: el río Atuel también es pampeano, así como también el río Salado".
"Esto no es solo una consigna –aclaró- es el recordatorio de algo muy simple: el agua que nace en la cordillera define el destino de los territorios aguas abajo. Por eso, lo que hoy se discute aquí no es un problema exclusivamente cordillerano, es un problema federal".
La profesional planteó que "la Ley de Glaciares vigente reconoce algo fundamental: los glaciares y el ambiente periglaciar son reservas estratégicas de agua dulce. Son sistemas que regulan el ciclo del agua, sostienen cuencas, alimentan ríos y permiten la vida en regiones enteras".
Advirtió entonces que "modificar esa protección no es un detalle técnico: es alterar sistemas naturales que son vitales para el equilibrio ambiental y para el futuro del país".
Alertó que "desde el punto de vista jurídico, esta reforma presenta problemas enormes".
Añadió: "El primero es el principio de no regresión ambiental. El derecho ambiental establece algo claro: los niveles de protección alcanzados no deben retroceder. Las leyes ambientales existen para ampliar la protección de los bienes comunes, no para reducirla frente a presiones económicas de corto plazo".
También mención que "el segundo problema es constitucional. El artículo 41 de la Constitución Nacional reconoce el derecho de todos los habitantes a un ambiente sano y establece que la Nación debe dictar presupuestos mínimos de protección ambiental. La Ley de Glaciares es justamente uno de esos presupuestos mínimos".
"Debilitarla no es simplemente modificar una ley sectorial: es reducir un estándar de protección ambiental que la propia Constitución exige garantizar", aseveró Srur.
"Y el tercer problema es democrático", sintetizó. "La legislación ambiental argentina, la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú reconocen el derecho de la ciudadanía a participar en las decisiones que afectan al ambiente. Sin embargo, en esta audiencia pública vemos algo muy preocupante, que ya fue mencionado: decenas de miles de personas se inscribieron para participar, pero solo una pequeña parte puede hablar".
"Cuando se limita la participación en un debate ambiental de esta magnitud, no solo se restringe la palabra: también se debilita la legitimidad del proceso", afirmó.
"Pero además, este debate se da en un contexto global que no podemos ignorar. Hace apenas unos días, el 21 de marzo, se conmemoró el Día Mundial de los Glaciares. En esa fecha, Naciones Unidas recordó que los glaciares son guardianes del futuro, guardianes del agua, guardianes de los ecosistemas y guardianes de la estabilidad climática", enumeró.
"Y la ciencia, en esto, es clara: los glaciares están retrocediendo en todo el mundo, están perdiendo masa y, justamente por eso, su protección se vuelve cada vez más urgente. Debilitar la ley que los protege va exactamente en la dirección contraria de lo que recomienda la ciencia y de lo que hoy demanda la sociedad hoy en día", señaló.
"Porque los glaciares no son solo hielo en la montaña. Son reguladores del agua que sostienen territorios enteros. Y hoy cumplen un rol esencial para enfrentar la crisis climática", mencionó.
"Por eso, desde una provincia como La Pampa, donde sabemos lo que significa depender del agua que nace en la cordillera, quiero decir una cosa con total claridad: debilitar la Ley de Glaciares no es una modernización normativa; es un retroceso ambiental, una violación constitucional y también un retroceso democrático", resumió.
"Acá no hay licencia social. Los glaciares no son reservas mineras: son reservas de agua. Y en un país atravesado por la crisis climática y por un estrés hídrico creciente, también son reservas de futuro. Por eso, no vendamos el futuro. No a la modificación de la Ley de Glaciares", completó Srur.
