Nino Bonivardo busca reducir su pena por estafas con la realización de cursos online
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EL DIARIO digital
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La Fiscalía de Ejecución Penal expresó su posición respecto al creciente número de solicitudes de aplicación del estímulo educativo a condenas en causas penales y pidió revisar con urgencia el modo en que se aplican las reducciones de plazos por estudios. Si bien reconoce que la educación es un derecho básico de todo interno, sostiene que no cualquier curso es merecedor de un reconocimiento especial que impacte en la libertad de los condenados.
Uno de los puntos que más preocupa a los fiscales es la aparición de legajos donde los internos presentan entre 10 y 30 certificados obtenidos en lapsos sumamente breves. En ese sentido, detallaron que se han detectado múltiples capacitaciones realizadas en períodos que no superan los 20 días.
Además, la Fiscalía sostiene que esta dinámica genera dudas sobre si existe un aprendizaje real o si es simplemente una maniobra para adelantar la salida de prisión.
"La aprobación compulsiva difícilmente refleje un proceso formativo profundo; evidencia que el estímulo se ha convertido en una estrategia para obtener reducciones indiscriminadas", expresaron desde la fiscalía, resaltando que se produce una "desnaturalización de la norma".
El impacto en los derechos de las víctimas
La posición fiscal subraya que el otorgamiento automático de estos beneficios afecta directamente la proporcionalidad de la pena y los derechos de quienes sufrieron el delito.
"Cuando los plazos se reducen de manera acelerada y sin una ponderación adecuada, se quiebra la expectativa legítima de la víctima de que la condena se cumpla de forma efectiva", manifestaron.
Además, indicaron que este sistema elimina la "progresividad del régimen", permitiendo que internos accedan a la libertad mucho antes de lo previsto originalmente por los jueces de juicio.
Calidad formativa vs. cantidad de horas
Para la Fiscalía de Ejecución, la solución no es aplicar reducciones matemáticas por cada certificado presentado, sino evaluar la calidad y utilidad de lo aprendido.
Se propone "reconocer únicamente aquellos cursos que garanticen contenido significativo y aptitud real para la inserción laboral". El MPF señaló también que muchos de los cursos que hoy se convalidan no constituyen una capacitación laboral suficiente para que el interno, al salir, pueda procurarse un medio de subsistencia lícito.
"Reconocer cursos indiscriminadamente, prescindiendo de la acreditación efectiva de saberes, torna abstracta la finalidad resocializadora de la ley", concluye el Ministerio Público.
Con esta postura, la Fiscalía busca poner un freno a lo que consideran una "saturación de audiencias" vinculadas a libertades anticipadas, exigiendo que el beneficio del artículo 140 de la Ley 24.660 vuelva a su espíritu original: premiar el esfuerzo educativo real y no la acumulación de papel certificado.
