Pérez Araujo adviritó que la ley de Glaciares "se va a judicializar"

El diputado provincial del FreJupa, Hernán Pérez Araujo, cuestionó con dureza la audiencia pública convocada para debatir modificaciones a la ley de presupuestos mínimos de protección de glaciares y aseguró que se trata de un "simulacro" que vulnera los principios de participación ciudadana.

Durante su intervención, el legislador señaló que la instancia de debate se desarrolló con una participación muy limitada en relación con la cantidad de personas que se inscribieron. "Se han inscripto casi 107 mil argentinos y argentinas y hoy, si no he contado mal, somos 184 los que tenemos la dicha de estar aquí presentes", afirmó.

En ese marco, sostuvo que la convocatoria carece de legitimidad y recordó que presentó una acción judicial para poder participar. Explicó que inició "una acción de amparo ante el Juzgado Federal de Santa Rosa denunciando la arbitrariedad de este llamado a audiencia pública".

Pérez Araujo remarcó que el proceso, tal como se desarrolló, no cumple con los estándares establecidos por la legislación ambiental vigente. "Es una audiencia sin público y sin participación ciudadana de acuerdo a las normas de la Ley General del Ambiente y del Acuerdo de Escazú", planteó.

El legislador también dejó asentado que su participación no implica convalidar el proceso de convocatoria ni el mecanismo de selección de oradores. Según indicó, ese procedimiento fue definido por las presidencias de las comisiones legislativas mediante una disposición que, según afirmó, también fue impugnada judicialmente.

"No convalidamos la realización de esta audiencia pública. Es absolutamente arbitraria y viola las leyes de participación ciudadana efectiva", sostuvo.

En otro tramo de su exposición, el diputado pampeano advirtió que el proyecto en discusión no constituye una simple modificación de la normativa vigente. Según su interpretación, en la práctica implicaría desmantelar el sistema de protección actual.

"Esto no es una ley modificatoria. Es una ley que tácitamente deroga la ley de presupuestos mínimos de protección de los glaciares y del ambiente periglacial", afirmó. Y explicó que al otorgar a cada provincia la facultad de decidir qué áreas pueden ser explotadas, se afectan los derechos de otras jurisdicciones.

Pérez Araujo también cuestionó que el proyecto ya cuente con media sanción del Senado antes de la realización de la audiencia. "Parece un gran contrasentido: una media sanción anterior a este simulacro de audiencia pública. Esto debió realizarse antes del debate y la votación en el Senado", indicó.

Durante su discurso vinculó además el debate con la histórica disputa hídrica que mantiene La Pampa con provincias aguas arriba. Señaló que su provincia viene padeciendo desde hace décadas la reducción de los caudales de los ríos.

"Las provincias de Mendoza y San Juan nos han sometido durante los últimos ochenta años a la extirpación de los cursos de agua que transcurrían por nuestro territorio y que hoy son cauces secos. Lo que nosotros llamamos la aplicación de la lógica del gallinero. ", expresó.

En ese contexto recordó las consignas históricas del reclamo pampeano. "A la provincia de La Pampa le robaron un río, el Atuel. Y también le robaron otro río, el Salado", afirmó.

El diputado aclaró que su posición no implica oponerse al desarrollo económico, pero cuestionó el argumento de la generación de empleo asociado a la actividad minera en zonas protegidas.

"De ningún modo estamos en contra del progreso", dijo. Sin embargo, advirtió que si el objetivo es generar trabajo "deberían terminar con el industricidio que están llevando adelante en nuestro país", al considerar que se están perdiendo más empleos de los que podría generar la actividad minera habilitada por la nueva normativa.

También sostuvo que la degradación ambiental ya provocó graves consecuencias en territorio pampeano. Según señaló, la provincia sufrió la desertificación de alrededor de 1,5 millón de hectáreas, lo que calificó como "un ecocidio".

Finalmente, Pérez Araujo anticipó que el proyecto será llevado a la Justicia si avanza su aprobación. "Esta ley va a ser judicializada. Es inconstitucional y va en contra de todos los principios del derecho ambiental", afirmó.

Entre ellos mencionó el principio de progresividad —que implica ampliar y no reducir los niveles de protección ambiental—, así como los principios de solidaridad y cooperación entre provincias y el federalismo de concertación reconocido por la jurisprudencia de la Corte Suprema.

"Esta ley va a ser judicializada", reiteró al cerrar su intervención. "No convalidamos la realización de esta audiencia pública", finalizó.

La intervención del legislador provincia, completa, es la siiguiente:

Como se han inscripto casi ciento siete mil argentinos y argentinas, no he tenido la dicha de que la presidencia de las comisiones tenga la condescendencia de dejarme venir. Todo lo contrario: entiendo que estoy aquí presente en el marco de una acción de amparo que inicié ante el Juzgado Federal de la ciudad de Santa Rosa, en la provincia de La Pampa, denunciando la arbitrariedad de este llamado a audiencia pública.

Esta audiencia —o, mejor dicho, esta mal llamada audiencia pública— es, como usted recién lo dijo, señor presidente, una audiencia sin público. Pero además es una audiencia que se presenta como pública y que, sin embargo, no tiene participación ciudadana de acuerdo con las normas de la Ley General del Ambiente y del Acuerdo de Escazú, que en esta misma casa tuve la dicha de votar en el año 2020.

Ciento siete mil argentinos y argentinas se han anotado y hoy, si no he contado mal, somos 184 los que tenemos la posibilidad de estar aquí presentes. La dicha de haber sido elegidos, pero también la desdicha de estar haciendo uso de la palabra —como decía recién la compañera que habló antes que yo, ante la risa de algunos diputados— en estas condiciones.

Yo tuve el honor de presidir una de estas comisiones y el debate se daba de otra manera: con amplitud, escuchando a todas las partes, escuchando a todas las fuerzas políticas. Nos ha tocado perder votaciones y también ganarlas, pero siempre priorizando el diálogo y la búsqueda de consensos.

Recién la compañera que estaba aquí al lado mío les pidió que voten con el corazón. Creo que ya se retiró, pero lamento decirle que les está hablando del corazón y le van a contestar con el bolsillo.

Hecha esta aclaración, y dejando asentado que mi participación en este simulacro de audiencia en ningún modo legitima ni la convocatoria ni el proceso de selección —que desconocemos cuál ha sido—, quiero señalar que he hablado con diputados y diputadas de distintos bloques. Entiendo que esto fue resuelto por los dos presidentes de las comisiones mediante una disposición que hemos visto y que estamos atacando ante la Justicia Federal de la provincia de La Pampa.

Esto es absolutamente arbitrario y viola las leyes que garantizan la participación ciudadana efectiva.

Venimos desde la provincia de La Pampa. No me voy a arrogar el derecho de hablar en nombre de los casi trescientos pampeanos y pampeanas que se inscribieron y que no han podido participar. Pero desde nuestra provincia, además de las cuestiones técnicas que se han planteado durante toda la jornada para objetar esta modificación de la ley de presupuestos mínimos de protección de glaciares, creemos necesario decir algo más.

En realidad, esto no es una ley modificatoria. Y creo que hay que decirlo claramente: es una ley que, de manera tácita, deroga la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. Porque al darle a cada provincia la facultad de definir qué parte de su territorio puede ser explotado o no, está cercenando el derecho de muchas otras provincias.

En este caso no se tiene en cuenta que la modificación propuesta ya tiene media sanción del Senado, en lo que parece un gran contrasentido: una media sanción anterior a este simulacro de audiencia pública. Esto debió realizarse previamente a la discusión y a la votación en el Senado.

En la provincia de La Pampa venimos padeciendo, aun con estas leyes de presupuestos mínimos —la Ley de Gestión Ambiental de Aguas y la Ley de Protección de los Glaciares—, lo que nosotros llamamos la aplicación de la lógica del gallinero. Las provincias de Mendoza y San Juan nos han sometido durante los últimos ochenta años a la extirpación de los cursos de agua que transcurrían por nuestro territorio y que hoy son cauces secos.

Cauces secos, así como lo digo.

Por eso, en primer lugar, celebro la presencia de los diputados de la provincia de La Pampa de mi partido. Y no me queda más que resaltar la ausencia de los diputados de la provincia de La Pampa del oficialismo nacional.

Porque creo que es a ellos a quienes debemos dirigirnos. Esto es una cuestión de Estado para mi provincia.

En el Senado de la Nación, de manera ilegal —insisto—, se aprobó esta media sanción con el voto negativo de los tres senadores de mi provincia. ¿Qué quiere decir esto? Que no venimos aquí a hacer politiquería ni política partidaria, ni proselitismo para futuras elecciones. Venimos a plantear que para la provincia de La Pampa y para su pueblo esto es una cuestión de Estado.

Nosotros hemos hecho propia una frase que dice que a la provincia de La Pampa le robaron un río: le robaron el río Atuel. A eso le agregamos que también le robaron otro río: el río Salado.

No queremos que, bajo el pretexto del progreso o de la creación de fuentes de trabajo —y hago un paréntesis—, se justifique esto. Si quieren generar empleo, terminen con el industricidio que están llevando adelante en nuestro país, que está destruyendo mucho más trabajo del que podría generar la actividad minera que esta ley habilitaría en glaciares y ambientes periglaciares.

De ningún modo estamos en contra del progreso. Lo que queremos es reivindicar nuestro derecho como pampeanos y pampeanas, como pueblo que ha sido sometido a la desertificación de un millón y medio de hectáreas: un ecocidio, como dijo alguien recién, un daño ambiental sin parangón en el territorio nacional.

Esto va a ser judicializado. Esta ley va a ser judicializada. Es inconstitucional. Esta modificación va en contra de todos los principios del derecho ambiental: el principio de progresividad —es decir, más protección—, el principio de solidaridad entre las provincias, el principio de cooperación entre las provincias y el federalismo de concertación.

Esto lo ha dicho la Corte en innumerables ocasiones: federalismo de concertación.

Voy a terminar mi intervención diciendo que esta ley va a ser judicializada. No convalidamos la realización de esta audiencia pública.

Esta ley va a ser judicializada, aun cuando sabemos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación suele dictar muy lindas sentencias que después nadie cumple.