La Pampa

El STJ confirmó la prisión preventiva de un acusado por violencia de género

 La investigación fue formalizada el 7 de febrero de 2025
La investigación fue formalizada el 7 de febrero de 2025.
El Superior Tribunal de Justicia de La Pampa declaró inadmisible un recurso de casación presentado por la defensa de HGA y dejó firme la prisión preventiva dictada en su contra mientras avanza el proceso judicial por una causa de violencia de género.

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EL DIARIO digital

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La decisión fue adoptada por la Sala B del máximo tribunal provincial, que consideró que los argumentos planteados por el defensor, Gastón Gómez, no cumplían con los requisitos legales para habilitar la revisión extraordinaria del caso.

Amieva está imputado por la presunta comisión de tres hechos de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, además de amenazas simples, en concurso real. La investigación fue formalizada el 7 de febrero de 2025.

Posteriormente, el 15 de diciembre de 2025, durante una audiencia multipropósito, el juez de Audiencia de Juicio dispuso su prisión preventiva hasta la finalización del proceso, al considerar acreditados riesgos procesales. Esa decisión fue impugnada por la defensa, pero el Tribunal de Impugnación Penal (TIP) la confirmó.

Ante esa resolución, el defensor recurrió en casación ante el STJ. En su presentación sostuvo que la decisión judicial era arbitraria y contraria a normas constitucionales y convencionales, y cuestionó que la prisión preventiva se hubiera basado en elementos de otra causa y en antecedentes vinculados a una supuesta facilidad del imputado para trasladarse a otras provincias.

La defensa también planteó que no existían indicios concretos de riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la investigación, y recordó que la propia fiscalía había considerado viable una medida menos gravosa, como el arresto domiciliario.

Sin embargo, el Superior Tribunal entendió que los planteos solo expresaban un desacuerdo con las conclusiones de los tribunales anteriores y no lograban demostrar la arbitrariedad denunciada ni la violación de garantías constitucionales.

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